a crisis democrática tiene en las pantallas su propio escenario: el desequilibrio entre televisión privada y televisión pública. En España las audiencias de las cadenas comerciales representan el 72%, entre las que solo los canales de Mediaset y Atresmedia acaparan el 58%. Al otro lado, RTVE se lleva el 13%, las autonómicas el 8% y ETB suma el 14% con sus cuatro canales. ¡Son las preferencias de la gente!, exclaman los siervos del sistema neoliberal. Sí, es libertad de elección, ¿pero esta descompensación no condiciona la sociedad, sus prioridades y valores hasta favorecer su tutela? ¿Acaso el monstruoso Berlusconi, dueño de la corporación Telecinco, es imparcial en lo político y moral? Todo es muy contradictorio.

Con décadas de tardanza, pero conscientes de las amenazas comunes frente a la codicia empresarial, RTVE y FORTA (que integra a las emisoras autonómicas) firmaron hace poco el Convenio Compostela, pretensioso nombrecito para el compromiso de "compartir conocimiento y maximizar los rendimientos de los diferentes sistemas públicos de comunicación de cara al futuro". ¿Y en qué se va a sustanciar, si puede saberse? ¿Hay alguna esperanza de que las administradas por el PP -y Vox en Telemadrid- compitan contra sus aliados de los medios privados? El drama es el menoscabo de lo público, a lo que contribuyó la izquierda con la infamia de Zapatero al eliminar los anuncios de TVE para regalárselos a la derecha. ¿Qué razón metafísica impedía a los medios estatales financiarse con publicidad? Lo peor de la pública es su complejo de mal gestor, falso e inducido por los asaltadores de la libertad. Hubo una tele nacional, la catalana TV3, que reunió a todo un pueblo contra la brutal embestida de España ganándole el relato. Para la superación democrática y la autoestima colectiva se imaginó la televisión pública.