'De brocha fina'

El juicio de Burgos caja de resonancia

16.08.2020 | 23:28

Es un hecho evidente que la Historia se escribe al dictado de los más fuertes, y en ella se recogen fundamentalmente hechos de armas, de victorias y derrotas en referencia a los grandes imperios. El empeño de siglos desplegado por los vascos para defender sus señas de identidad como pueblo, en ese contexto, prácticamente había pasado desapercibido para el resto de las comunidades internacionales. Si en algún momento las crónicas tuvieron en cuenta a Euskal Herria, fue en relación a los hechos históricos de los estados que la obligaron por la fuerza de las armas a ser dependiente.

La historia de este pequeño pueblo, cuyas venturas y desventuras hemos descrito en esta síntesis, había sido a través de los siglos más vivida que escrita, más sentida que oficialmente reconocida.

Si el principio del siglo XX pudiera tomarse como referencia de una conciencia nacional vasca políticamente estructurada, pasarían decenios hasta que esas aspiraciones trascendieran a otras y más internacionales fronteras. La alineación en la Guerra Civil de 1936 de los nacionalistas vascos con el Gobierno republicano legalmente constituido y su posterior derrota bajo las armas fascistas, dio pie a las autoridades del efímero Gobierno Vasco para dar a conocer "el hecho diferencial" por múltiples cancillerías y numerosos foros internacionales en el penoso deambular del exilio. La Comunidad Internacional, por denominarla de algún modo, escuchó, se hizo cargo y acabó por lavarse las manos.

Sin embargo, cuando el 3 de diciembre de 1970 se inicia el Proceso de Burgos, ni la mordaza franquista, ni la sordina complaciente de algunos gobiernos democráticos, ni la disparidad de criterios de los políticos de la oposición española, pudieron acallar el grito de resistencia y lucha del pueblo vasco por el reconocimiento de sus libertades.

Dieciséis procesados, todos ellos miembros de aquel revulsivo que fue ETA para la conciencia nacional vasca, habían sido colocados en el banquillo ante un tribunal militar español. El fiscal pedía para ellos 6 penas de muerte y 752 años de cárcel y les acusaba de violar la Ley de Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo.

Si bien es cierto que los móviles de solidaridad con los procesados pudieran haber sido variados y hasta interesados —el régimen dictatorial de Franco era ya una vergüenza internacional y los partidos de la oposición clandestina iban tomando posiciones—, las continuas referencias de los procesados a la opresión del pueblo vasco fueron ampliamente difundidas por la multitud de medios informativos que acudieron a Burgos ante la expectación que el juicio provocaba. Nunca como en aquellos días la causa vasca había sido tan extensamente divulgada como entonces, y nunca la respuesta internacional había sido tan intensa y solidaria. El sur de Euskal Herria fue un clamor hecho huelgas y manifestaciones en apoyo a los procesados, mientras en el resto del Estado estudiantes y trabajadores se sumaban a la protesta por el atropello a aquellos luchadores por la causa vasca y, de paso, se iban minando los soportes del Gobierno de Franco.

El día 28 de diciembre, en medio de una enorme tensión que para entonces había superado ampliamente el ámbito de Euskal Herria y se había esparcido por el resto del Estado y la comunidad internacional, el tribunal militar confirmó las seis penas de muerte y sentenció largas condenas de cárcel. Una huelga general paralizó todo el Estado español, mientras desde múltiples foros internacionales se presionaba para evitar tal disparate. El día 30 de diciembre, acorralado, Franco conmutó las penas de muerte.

Las reivindicaciones vascas de respeto a sus libertades históricas habían sido dadas a conocer en todos los rincones del mundo.