parís - La Justicia francesa dio ayer la razón al productor portugués Paulo Branco en el conflicto que le enfrenta al director británico Terry Gilliam por la producción de El hombre que mató a Don Quijote, que clausuró el pasado Festival de Cannes y ya ha sido estrenada en las salas.

El Tribunal de Apelación de París confirmó una decisión judicial previa de mayo de 2017 que señalaba que el contrato entre Alfama Films -la productora de Branco- y Gilliam no está roto, lo que, según el portugués, supone que le pertenecen los derechos de explotación en todo el mundo.

Branco explicó que la única excepción autorizada es España, donde el coproductor, Tornasol Films, posee los derechos del filme para ese país.

Sin embargo, Mariela Besuievsky, de Tornasol, señaló que el fallo en apelación de hoy solo se refiere al contrato de dirección que firmó Gilliam con Branco y que nunca se ejecutó, por lo que no hay derechos generados sobre el filme porque el realizador británico “nunca trabajó” para el portugués.

“Lamentamos que la corte francesa vuelva a dejar la situación en un limbo”, afirmó Besuievsky, que considera que el fallo no se refiere a la cuestión de los derechos del filme. La decisión judicial en apelación confirma un fallo del Tribunal de Gran Instancia de París del 19 de mayo de 2017.

Ese tribunal rechazó hace un año la demanda de Gilliam, que reclamaba que su contrato con Alfama ya no estaba en vigor, y también permitió que el rodaje del filme continuara, en contra de la suspensión que pedía Branco. La sentencia de ayer “dice lo que ya sabíamos, pero no rescinde ese contrato de dirección (de Gilliam con Branco) y no dice nada sobre los derechos”, reiteró Besuievsky.

“Los derechos de explotación y distribución de la película no son de Branco porque se retiró del proyecto cuando aún estaba en fase de preproducción, algo que está reflejado en la decisión judicial de hoy, -por ayer-” según la representante de la productora española.

“daños” por al estreno en cannes Branco insiste en que compró los derechos de la película en 2016 y está en una batalla judicial sobre los derechos de la película desde que la relación profesional con Gilliam se rompió por fuertes discrepancias presupuestarias, entre otros motivos. El pasado 9 de mayo, cuando se conoció que la cinta iba a proyectarse en la clausura de Cannes, anunció que iba a denunciar al certamen por “daños colaterales”, al considerar que el festival no debía haberlo visionado y seleccionado sin su autorización. De momento, según la sentencia, Gilliam le deberá pagar 10.000 euros por las costas judiciales. - Efe