BILBAO. La plataforma ha sido creada, entre otras, por las asociaciones profesionales de promotores culturales de teatro (Ezkena), música (MIE), danza (Adde), teatro de calle (Artekale), teatro de marionetas (Unima), actores y actrices (EAB) y profesionales y técnicos de espectáculos (Atae).
La plataforma, según ha informado en un comunicado, buscará recabar "el mayor número de apoyos posibles" entre los agentes sociales, los partidos políticos y los ciudadanos, para lo que ha creado una página web donde es posible adherirse a su manifiesto en defensa de la cultura en vivo.
El manifiesto, que busca sentar unas bases sólidas de colaboración entre el sector público y el privado, promueve el desarrollo de 6 puntos de partida consensuados por los principales agentes de la cultura vasca en vivo.
Entre ellos, figura la reivindicación más relevante del sector que es la de reducir el IVA Cultural, actualmente en la zona máxima de la tabla, del 21 %, al entender que "no está ayudando a recaudar más, pero sí poniendo en serio peligro a las empresas y el empleo artístico y técnico que generan".
La plataforma considera que "las Haciendas vascas tienen en su mano mecanismos paliativos que pueden ayudar a compensar los daños irreparables que está produciendo" un IVA para los espectáculos culturales en ese porcentaje.
Demandan también un Estatuto Profesional de la Cultura ya que "el conjunto de los profesionales de la cultura tiene una actividad estructuralmente intermitente, pero una regulación laboral como si fuera continuada".
"En esta anomalía -señalan-, surgen pérdidas de derechos y se acrecienta la precariedad", por lo que ven necesario "un reglamento específico que permita normalizar las relaciones laborales, la fiscalidad de los numerosos autónomos y las prestaciones sociales en igualdad de derechos".
Proponen también la creación de "de un circuito de exhibición estructurado con una lógica integradora y participativa", ya que constatan que Sarea, el circuito público actual de espectáculos en vivo, "no tiene personalidad jurídica y las salas que se encuentran bajo su paraguas actúan sin un plan orientador definido y con visión de país".
"Más allá de la actuación individual de cada una de ellas, es ineludible la constitución de SAREA como una entidad jurídica que recoja dentro de sí todos aquellos equipamientos públicos que actúen colaborativa y positivamente dentro de estrategias con objetivos, derechos y obligaciones orientadas desde lógicas de políticas públicas al bien común del conjunto del sector", proponen por último.
