se ha montado un follón descomunal entre autoridades policiales y judiciales estadounidenses y los gestores de la multinacional Apple, a cuenta de quítame allí esas pajas y dame la clave para entrar en el móvil de un terrorista que hace meses se llevó por delante la vida de una docena larga de conciudadanos al grito de Alá es grande. Policías y fiscales demandaban de la empresa conocimiento de cómo romper el bloqueo del aparato y los digitales advertían de los riesgos de tal operación para la seguridad de sus clientes, que verían rotos protocolos de seguridad y privacidad. Lo que se convirtió en batalla campal en los tribunales ha finalizado con la actuación de un hacker de una empresa privada que ha colaborado con la Policía y ha entrado en los contenidos del smarphone, que no sabemos qué misterios ha desvelado de los contactos del autor de la masacre de San Bernardino. Apple ha visto burlado su código de privacidad y cara al futuro deberá desarrollar otro sistema porque el actual ha sido violado. Durante largas semanas los medios norteamericanos han planteado la disyuntiva entre seguridad ciudadana y nacional frente al terrorismo y la defensa de los derechos cívicos y de privacidad que amparan los principios democráticos protegidos por la segunda enmienda de la constitución que defiende los derechos de la libertad de información como principio angular del sistema de Estados Unidos. El cine y la televisión norteamericanos han utilizado hasta la saciedad este clásico enfrentamiento de principios legales y siempre se han inclinado por la defensa de los derechos ciudadanos frente a los intereses de la lucha contra el terror y la amenaza yihadista o de otra naturaleza. El debate sigue abierto entre quienes sacrifican los derechos cívicos a la protección de la ciudadanía y los que no admiten atajos en esta decisiva batalla que se libra día a día.
