ES un lugar común, calificar el cierre de cualquier medio de comunicación como pequeño o gran atentado contra la libertad de expresión y consecuentemente contra la calidad democrática de la sociedad en la que ocurre semejante acontecimiento. Pues algo de eso podemos decir en el caso de la Comunidad Valenciana, en la que el poder Ejecutivo ha decidido trincar la radiotelevisión pública valenciana, tras el varapalo judicial al ERE mal organizado por el Gobierno de Fabra, impasible en el duelo con los trabajadores, y que le obligaba a readmitir a la totalidad de los afectados. La argumentación política de la medida provoca indignación y sin lugar a dudas esconde planes de privatización o refundación del modelo según las necesidades de la derecha valenciana, que algo sabe de proyectos faraónicos, eventos espectaculares deficitarios o construcciones imperiales sin uso que mueren de ridículo cada día que pasa. El argumento de que readmitir a los trabajadores carga el presupuesto comunitario en 40 millones de euros tiene su toque demagógico y manipulador al enfrentarlo al gasto sanitario y educativo, las áreas a priorizar en situaciones de crisis; en ningún caso esta cantidad es la culpable de los apuros presupuestarios de Barberá y Fabra. Canal 9, en su versión televisiva, era ejemplo palmario de derroche y crecimiento desmedido con más de 1.400 trabajadores y unos modos fastuosos de producir; no hay que olvidar que Tómbola, antecedente de los programas tipo Tomate, Sálvame y compañía, nace en platós valencianos, dando mal ejemplo de lo que no debe hacer una tele pública. Una vez más se rompió la cuerda por la parte más débil. Sabemos por quién doblas las campanas, pero no sabemos quiénes son los campaneros. Más profesionales al paro y una oportunidad perdida para la lengua propia de la Comunidad.
