madrid. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, propuso ayer impedir a las entidades de gestión crear sociedades mercantiles, obligarlas a someterse a una auditoría pública de funcionamiento y crear un régimen sancionador para aquellas que no cumplan con sus obligaciones.

González-Sinde presentó estas medidas en el pleno del Congreso durante una interpelación del grupo popular cuyo portavoz, José María Lasalle, planteó la posibilidad de que exista una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual que cohesione, gestione y dirija el funcionamiento de estas entidades. La titular de Cultura anunció una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles, de tal forma que solo serán autorizadas por la Administración pública competente aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias.

González-Sinde recordó que la investigación judicial de la Audiencia Nacional se centra en la filial digital de la SGAE, una sociedad mercantil cuyo exdirector general, José Luis Rodríguez Neri, está en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Precisamente ayer, se supo que Ruz ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por Neri contra su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros. Tanto él como Rafael Ramos, quien tenía el control de la sociedad Microgénesis, continúan en la cárcel de Soto del Real (Madrid), al no haber pagado aún sus respectivas fianzas.

La ministra indicó ayer que "no es que las entidades funcionen mal, simplemente unos individuos presuntamente han violado la ley y se les ha detenido". Recordó que las competencias del Ministerio sobre esas entidades se limitan a otorgar o revocar la licencia, exigir información, ordenar inspecciones y tener un representante con voz pero sin voto en sus juntas. Ninguna de ellas ha sido suficiente para detectar los problemas que se han producido en una sociedad mercantil dependiente de la SGAE, sobre la que no tienen competencias, reiteró. Además, recordó que fue durante el mandato de Esperanza Aguirre como ministra de Educación cuando la SGAE propuso un cambio en sus estatutos para poder crear sociedades mercantiles. González-Sinde defendió la actuación de su departamento ante esta crisis, en la que ha actuado con todas las posibilidades que le otorga la ley. El Ministerio "no se lavó las manos ni miró para otro lado" en el caso de la SGAE, afirmó ayer.

reforma legal "a fondo" Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados aprovecharon la comparecencia de la ministra para tachar de insuficientes las medidas de control de las entidades de gestión presentadas por ésta, y reclamar una reforma "a fondo" de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por su parte, la candidatura DOM, una de las que se presentó a las elecciones de la SGAE, liderada por José Miguel Fernández Sastrón, señaló ayer que la Junta Directiva de la entidad "no tiene ninguna legitimidad" por lo que han pedido la celebración de una Asamblea General Extraordinaria. Son los socios de la SGAE, en esa Asamblea, los que deben tener "voz en una decisión que afecta al futuro de la entidad".