MADRID. Asimismo, la ministra de Cultura ha presentado un paquete de cuatro medidas para "para mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión", entre las que destaca la modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual para impedir "la creación indiscriminada" de sociedades y fundaciones mercantiles por parte de las gestoras.
"Solo se autorizarán, por parte de la Administración Pública competente, aquellas ñsociedades mercantilesí que tengan interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias que la propia entidad no pueda desarrollar en su funcionamiento ordinario", ha subrayado Angeles González-Sinde.
En segundo lugar, propone la puesta en marcha de una "auditoría pública de funcionamiento obligatoria" para todas las entidades de gestión y ha subrayado que la SGAE ha sido sometida "continuamente" a auditorías financieras de gestión de calidad y de seguridad.
"No es verdad en absoluto, por lo tanto, que la SGAE no haya rendido cuentas a nadie ni que haya campado por sus respetos, pero esta nueva evaluación de funcionamiento añadirá un elemento más de vigilancia y de control", ha precisado la dirigente socialista.
En tercer lugar, apuesta por resolver, aunque sea de forma "provisional" mientras Bruselas dicta su directiva sobre derechos de autor, la administrción de competencias territoriales sobre el control de entidades de gestión. Para ello, ha pedido la colaboración de todos los grupos parlamentarios, incluidos los nacionalistas, en un "complejo" en que cualquier solución, dice, "tendrá dificultades".
Por último, la ministra ha propuesto la creación de un régimen sancionador especial para las entidades de gestión que no cumplan con sus actividades, ya que, según indica, "es bueno garantizar al máximo su transparencia y obligarlas a cumplir su función sin desviarse". LA "RESPONSABILIDAD" DEL GOBIERNO
Por su parte, José María Lassalle ha vuelto a denunciar la responsabilidad "evidente" del Gobierno en este asunto, ya que según él no ha hecho lo necesario para evitar las supuestas actividades ilegales de directivos de la Sociedad General de Autores.
"Usted sabía perfectamente que existía demanda social y preocupación de los expertos, sabía que existían prácticas opacas que comprometían a estas entidades", ha añadido. Asimismo, ha subrayado que el Ministerio de Cultura tendrá que liderar "el proceso de reforma" de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual.
