madrid. El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Teddy Bautista, así como el director general y el director financiero de la institución, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, respectivamente, quedaron ayer en libertad "con cargos y sin fianza".

Según consta en el auto dictado por el juez Pablo Ruz, los tres están imputados de "un delito de apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación", que puede ser penado con hasta seis años de prisión. Asimismo, de "administración fraudulenta", por el que la ley contempla hasta cuatro años de cárcel. Y, en el caso de Bautista, se le imputa también "un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de asociación y participación", según señala el auto, que precisa que la pena puede llegar hasta los doce meses de multa.

Tras permanecer en la Audiencia Nacional desde primera hora de la mañana, los tres directivos de la SGAE han abandonado la sede judicial en un coche con las lunas tintadas y sin hacer declaraciones a los periodistas.

La libertad provisional y sin fianza decretada por el magistrado está justifica por las "particulares circunstancias de arraigo en España" de los tres imputados, por lo que existe escasa probabilidad de que se sustraigan a la acción de la Justicia. No obstante, el juez decretó la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de pasaportes a los tres responsables , así como la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados.

Junto a Bautista, Loras y Azcoaga, el viernes fue detenido el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE)-, José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva. También a otras cinco personas relacionados con la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE. Se trata de Antonia García y Elena Vázquez, esposa y cuñada de Neri, respectivamente, así como de Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín. Fueron detenidos a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Eva García y Celedonio Martín, prestaron declaración en la Audiencia Nacional ayer por la tarde, mientras que los otros cuatro detenidos pasarán a disposición judicial hoy.

Además, Ruz especificó que mantendrá el secreto de sumario sobre la causa durante el tiempo necesario para evitar que se frustre el resultado de la investigación y concretó que al menos se prolongará hasta que declaren todos los detenidos.

Según se desprende del auto, las pesquisas han conducido a la entrada y registro de catorce domicilios de particulares y empresas, entre ellas la sede de la propia SGAE. Además, ordenó el bloqueo de cuentas y la prohibición de disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias a determinados imputados.