londres. Las leyes que rigen las bodas reales en el Reino Unido, que datan del siglo XVIII, son un anacronismo que pone en peligro futuros enlaces de la familia real británica, según un informe de la Universidad de Warwick (Inglaterra).
El informe fue elaborado por la profesora de la Facultad de Derecho Rebecca Probert, que afirmó que la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton el próximo 29 de abril puede ser la última que se celebre sin afrontar problemas legales serios.
Las leyes aún en vigor que establecen la norma para los matrimonios reales son The Act of Settlement (1701), que prohíbe a los "royals" casarse con católicos, y la Ley de Naturalización de la Princesa Sofía (1705), que dio la nacionalidad inglesa a la madre del rey Jorge I y a todos sus descendientes aunque no hubieran nacido en este país y no profesaran la fe protestante. A estos dos cuerpos legales, se sumó posteriormente la Ley de Matrimonios Reales (1772), que establece que ningún matrimonio de un miembro de la familia real tras el reinado de Jorge II es válido sin el consentimiento del monarca (en este caso la reina Isabel II).
Probert argumenta que la aplicación combinada de estas leyes "es tan ambigua" que en 1957 el Gobierno tuvo dudas sobre la legitimidad del matrimonio de la reina con el duque de Edimburgo, que nació en Grecia, en una familia que profesaba la fe ortodoxa.
La profesora Probert, una experta en derecho matrimonial, quiere destacar con este trabajo "el caos legal creado durante estos 300 años de leyes matrimoniales reales y el anacronismo que representan si son vistas a la luz de la legislación sobre Derechos Humanos".
Probert considera "una pura cuestión de buena suerte" que el matrimonio del príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono, y Kate Middleton, no plantee problemas legales, pero señala que "ésta podría ser la última boda real que se celebrara evitando complicaciones legales si las leyes no se cambian".
La profesora de la Universidad de Warwick consideró absurdo, por ejemplo, que los "royals" puedan casarse con una persona del mismo sexo, pero que necesiten el permiso de la reina para hacerlo. Además, estas leyes permiten llegar al trono a alguien cuyo cónyuge se convierte al catolicismo tras la boda, siempre y cuando en el momento de darse el "sí quiero" se declare no católico.
Antes de la boda en 2005 del príncipe Carlos y Camilla, ambos divorciados, se afirmó que los miembros de la Casa Real no se podían casar en un registro civil, pero el Gobierno laborista de Tony Blair dictaminó que en función de la Ley de Derechos Humanos debían tener las mismas garantías que cualquier otra pareja.
