Madrid. La resaca del rechazo de la Ley Sinde en el Congreso ha dejado varios mensajes claros: que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, no dimitirá y que el Gobierno buscará otra fórmula que contente a todos los grupos políticos.

Además, en el día después de que la Comisión de Cultura tumbara la ley antidescargas, fuentes parlamentarias del PSOE y del PP confirmaron a Efe las negociaciones de última hora entre ambos partidos para salvar la normativa antidescargas, aunque no fructificaron por las discrepancias en torno al canon digital. Sólo dos horas antes de la votación, el PP supeditaba el apoyo de su grupo a la ley a cambio de que el PSOE, en el plazo de un mes, enviara a las Cortes un Proyecto de Ley sobre la eliminación del canon.

Las reacciones al fracaso de la ley antidescargas tampoco se han hecho esperar en la Embajada de Estados Unidos que, si bien ha valorado "los esfuerzos" del Gobierno y la ministra de Cultura, ha pedido "hacer algo más" para acabar con la piratería en España. Una lucha que seguirá encabezando la ministra de Cultura, a pesar de la petición de dimisión llegada desde el PP. "No, no he pensado en dimitir", contestó González-Sinde. Afirmó que trabajará por establecer "un modelo que satisfaga a todos", y consideró que los grupos políticos "están de acuerdo en encontrar una fórmula para compatibilizar los derechos de todos en la red".

El objetivo del Gobierno sigue siendo encontrar un marco "que permita a los usuarios disponer de contenidos legales en la red a precios asequibles". González-Sinde añadió que los creadores son conscientes de que su futuro y su presente depende de que haya unas reglas del juego "justas y equitativas" en la red. De lo contrario, "poco a poco perderemos patrimonio cultural, se dejarán de hacer inversiones y sólo tendremos una cultura de "amateur"". El presidente de la SGAE, Teddy Bautista, aseguró que "los principales perjudicados" por el rechazo a la ley no serán los "hombres y mujeres de la cultura", sino "la ciudadanía, que se verá privada a medio y largo plazo de un rico acervo cultural". Bautista reclamó "explicaciones serenas y respetuosas, pero firmes y argumentadas, de por qué nos quieren privar de unos derechos reconocidos en la mayoría de países de nuestro entorno". Por su parte, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos lamentó la decisión adoptada por el "efecto negativo que supone para la industria cultural, que sufre de manera constante y masiva la vulneración de los derechos de propiedad intelectual".

Las redes sociales seguían celebrando el rechazo político a esta norma y no pocos internautas reclamaban la dimisión de la ministra. Tampoco se libró de las recriminaciones el diputado socialista Rafael Simancas, que en un artículo en El País escribió: "Tras el asalto cotidiano a la propiedad de la industria del cine, no se acaba de comprender por qué nadie plantea el asalto al Mercadona o a Zara". Unas declaraciones a las que se aludió en Twitter. "Hay que tener mucha cara, ser muy malvado y probablemente algo tonto para mentir como miente Simancas", afirmaba un usuario.