Vitoria. No es la primera vez y lo más seguro es que tampoco será la última. Otra iniciativa de la consejería de Cultura anterior ha caído en desgracia. En este caso le ha tocado al Plan Vasco de la Cultura, una estrategia común consensuada con el resto de instituciones y con los agentes culturales de Euskadi que a lo largo de sus años de desarrollo para unos ha sido una herramienta muy útil, para otros un desastre y para la mayoría un mecanismo interesante que necesitaba mejoras. Así las cosas, parece que el actual Ejecutivo se ha decantado por la segunda opción y ha decidido enterrar el pasado y plantear su propio futuro.

Contrato Ciudadano por las Culturas es el título con el que parece que Lakua quiere bautizar su propuesta, una nueva línea de actuación que ya se ha presentado ante las diputaciones de los tres territorios, según aseguró ayer la consejera de Cultura, Blanca Urgell, en el Parlamento Vasco a preguntas de la representante del PNV Leire Corrales. Es más, el Gobierno Vasco quiere que para finales de año todo esté fundamentado y en 2011 se puedan ya visualizar, con sustento presupuestario, las primeras actuaciones. Por el camino, se pretende cambiar el Consejo Vasco de Cultura, adjudicar el una secretaría técnica para el seguimiento de esta estrategia y poner en marcha los grupos sectoriales y transversales.

Pero más allá de los detalles temporales, Urgell poco más pudo decir de qué es lo que pretende. Si acaso, que esta nueva propuesta debe ser innovadora, que debe tener en cuenta la implantación de las nuevas tecnologías y que, sobre todo, debe encontrar los cauces para el contacto con la ciudadanía.

¿Y de lo anterior? Pues la consejera criticó el ahora anulado Plan por estar fundamentado, en su opinión, en una concepción identitaria de la cultura, por ser poco funcional y por limitarse, en muchas ocasiones, en recoger lo ya existente. Eso sí, valoró su esfuerzo por conversar con todos los sectores y las instituciones para llegar a acuerdos.

"Queremos que sea el ciudadano el eje de la nueva estrategia. Eso no quiere decir que rompamos con todo lo anterior, sólo que le damos una nueva visión", apuntó la consejera ante la Cámara.

Y ahí se quedó la cosa porque Urgell o no quiso o no pudo entrar en más concreciones. Es más, para dibujar lo que de verdad quiere conseguir echó balones fuera asegurando que, tras la presentación de su propuesta, está a la espera de las sugerencias de las diputaciones, que tienen de plazo para expresarse hasta el próximo día 22.

Reacción jeltzale Como era de esperar ante las palabras e intenciones de la actual consejera de Cultura, el PNV, en boca de Corrales, reaccionó en el mismo Pleno al escuchar las intenciones de Urgell con respecto al Plan Vasco de la Cultura y su nueva propuesta.

"Usted, señora consejera, con su política de replantear todo lo que hasta ahora se había hecho, está dañando seriamente el progreso cultural vasco, pero muy seriamente", apuntó la parlamentaria jeltzale en la Cámara, al tiempo que remarcó que "no se puede dilapidar sin un argumento sólido, sin base, todo el trabajo interinstitucional que hemos hecho entre todos durante varios años".

Para fundamentar esta idea, Corrales tiró de memoria e hizo un rápido repaso desde los inicios de la trayectoria recorrida por el Plan Vasco de la Cultura impulsado por el anterior Ejecutivo hasta que el año pasado se dejaron de tener noticias sobre su aplicación ya que la entrada del PSE en Ajuria Enea supuso la paralización de lo que estaba en marcha y del diseño de la estrategia 2009-2012.

"Paralizar el recorrido del Plan es ningunear el trabajo que hemos realizado en esta Cámara, en el propio Gobierno, en las diputaciones y en los ayuntamientos y, sobre todo, el trabajo realizado por todos los agentes culturales que han participado en este proyecto abierto", describió Corrales.

Así las cosas, es evidente que al sector cultural vasco le va a tocar una vez más amoldarse a los ritmos y las intenciones de los partidos políticos para poder encontrar un desarrollo a futuro. Todo por intentar conseguir una estrategia común que beneficie a los interesados y no a los objetivos electorales.