madrid. Era de esperar. Ayer se sucedieron las reacciones a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de plantear al Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 5.1 de la Ley 25/1994 en su versión modificada por las leyes 22/1999 y 15/2001 que obliga a los operadores de televisión a invertir al menos 5% por ciento de sus ingresos en la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión españolas y europeas. Así, mientras la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y la Federación de Asociación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) coincidieron en destacar su confianza en que esa medida es plenamente constitucional, desde la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), expresaron su satisfacción por la decisión del Supremo.

El presidente de Uteca, Alejandro Echevarría, consideró ayer que sería "muy beneficioso para el cine español" que el TC declarase inconstitucional la ley del cine. Echevarría se mostró muy satisfecho con la decisión, porque, según recoge el auto, "mengua la esfera de la libertad empresarial" sin que exista "una razón imperiosa de interés general". Las televisiones creen que esta ley que les obliga a invertir un 5% de sus ingresos en cine español y europeo es "una imposición injusta y abusiva", por lo que interpusieron el recurso y seguirán recurriendo cualquier norma que se derive de esa ley hasta que el tribunal se pronuncie.

Uteca tiene "confianza" en que el TC finalmente echará para atrás esta ley, algo que será "una derrota en toda línea para aquellos que han hecho de esta materia un negocio particular" y que "lo único que quieren es llenarse sus bolsillos particulares sin importarles ni el cine español, ni siquiera que las películas se estrenen o no".

servicio público Por su parte, Ángeles González-Sinde defendió que las televisiones "tienen una obligación de servicio público y una obligación de difusión de la cultura y de difusión de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural y con la identidad, y de ahí que exista una medida como el 5%", afirmó. "El cine es una forma de expresión artística y también una industria cultural que es prioritaria en la estrategia de cualquier país porque genera imagen exterior, identidad y tiene un gran retorno para la sociedad", alegó, y precisó que su Ministerio "seguirá apoyando las medidas de fomento de la cinematografía".

En la misma línea, Pedro Pérez (FAPAE), plenamente convencido de la constitucionalidad de la medida, afirmó que "no podemos pensar que en España se puede hacer cine sin las televisiones". "Sería el único país del mundo donde se haría sin la ayuda de las televisiones", declaró.

Respecto a la afirmación del Supremo de que la legislación restringe la libertad empresarial de los operadores, Pérez puntualiza que "no podemos olvidar que las televisiones privadas españolas son objeto de una concesión administrativa gratuita que les habilita como las únicas que pueden facturar publicidad". "Los productores no podemos facturarla", argumentó. Pérez recordó también que "hoy en día el cine necesita la ventana de las televisiones en España, Francia y Estados Unidos" y que "es normal" que "quienes tienen la totalidad de los ingresos de la publicidad deban también financiar a la industria española".