La lucha contra la piratería en la Red es una preocupación que comparten países como España, Francia, el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, los cuales se han dotado ya o están en vías de hacerlo de una legislación para tratar de atajarla.
En el Estado español, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está buscando una fórmula con la que corregir la controvertida disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que pretende luchar contra la piratería en la web.
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, con potestad para cerrar páginas web que vulneren derechos de autor.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han explicado que toda decisión administrativa cuenta y contará con un control judicial.
Tras la polémica suscitada entre "blogueros", internautas -y también la oposición política-, el Ejecutivo estudia cuándo intervendrá el juez a la hora de cerrar una página, antes o después de que la Comisión de Propiedad Intelectual tome una decisión.
En Francia, los primeros avisos administrativos de corte de suministro de internet a quienes se descarguen ilegalmente de la red contenidos protegidos por derechos de autor comenzarán a enviarse a principios de 2010.
Se aplicarán así las disposiciones de la conocida como Ley Hadopi (acrónimo francés que corresponde a la nueva Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet), validada por el Consejo Constitucional después de la revisión del proyecto inicialmente aprobado por el Parlamento francés.
La ley otorga a los magistrados la potestad de autorizar la suspensión del acceso a internet a las personas titulares de una línea desde la que se efectúen descargas ilegales repetidamente y después de haber sido advertidos de ello.
El Consejo Constitucional, sin embargo, rechazó que sean los jueces quienes establezcan la cuantía de los daños y perjuicios para los titulares de los derechos de propiedad intelectual porque consideró que eso le corresponde precisarlo al poder legislativo.
El mismo organismo había rechazado anteriormente que fuera una una autoridad administrativa la que cortase el acceso a internet, sino que debía ser un juez el que determinase esa sanción.
Los usuarios británicos de internet que reincidan en las descargas ilegales serán desconectados de la red, según anunció el ministro de Empresa, Peter Mandelson el pasado 28 de octubre.
Mandelson aseguró que se está estudiando introducir una medida similar a la aprobada en Francia.
El ministro dijo que se tratará de una medida que se aplicará como última alternativa y que sólo entrará en vigor una vez que los "piratas" hayan recibido previamente dos cartas de advertencia.
"No espero que se produzcan suspensiones masivas del servicio. La gente recibirá dos notificaciones y si se llega al punto de desconectarles de la red tendrán la oportunidad de recurrir", dijo.
Frente a esta medida coercitiva, Mandelson aseguró que el plan del Gobierno para frenar la piratería incluye también introducir una legislación menos estricta en materia de copyright, sobre todo si el material descargado se utiliza únicamente en el ámbito privado.
Mandelson recordó que las industrias relacionadas con los derechos de autor dan empleo en el Reino Unido a 2 millones de personas y que generan anualmente unos 16.000 millones de libras (17.670 millones de euros o 26.125 millones de dólares).
Sólo una de cada 20 canciones que se descargan en el Reino Unido se bajan de manera legal.
En Alemania se encuentra pendiente de aprobación una ley para obligar a los proveedores de internet a bloquear las páginas web de contenidos pornográficos infantiles y pederastas.
Tras su aprobación parlamentaria, el presidente federal, Horst Köhler, rechazó firmar la ley debido a que su contenido redaccional puede atentar contra la Constitución y podría ser denunciada ante la máxima instancia judicial alemana.
La ley prevé que la creación de una oficina de vigilancia y control policial que controlaría internet y entregaría a los proveedores de internet listas con las web que deben ser bloqueadas.
Es la única ley en proceso de aprobación en Alemania que contempla el cierre de páginas web.
Estados Unidos cuenta desde hace unos años con una unidad especializada en delitos cibernéticos dentro del FBI (Oficina Federal de Investigaciones), que se ha convertido en uno de los más activos del mundo en esta materia.
Esta unidad tiene capacidad para cerrar una website si detecta que está cometiendo algún delito, aunque siempre en colaboración con la Fiscalía (Departamento de Justicia) o mediante una orden judicial.
Los principales delitos que se detectan son la difusión maliciosa de virus informáticos, la pornografía infantil o pederastia, los delitos contra la propiedad intelectual, los ataques contra la seguridad nacional, la actividad de entidades de crimen organizado y el fraude por internet.
En el 2008, el último del que se poseen datos, las autoridades recibieron 275.284 denuncias por actividades online, un 33 por ciento más que el año anterior.
La mayor parte de las denuncias implicaban una pérdida económica para el denunciante. En total se calcula que los casos de fraude supusieron unas pérdidas de 264,6 millones de dólares, lo que supone una media de 931 dólares por denunciante.
