Es excesivo el uso de los Reales Decretos Ley por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gobernanza del país. Ayer se reunió de manera extraordinaria el Pleno del Congreso de los Diputados para debatir los Reales Decretos Ley del nuevo sistema de cotizaciones, el de medidas de sostenibilidad económica en materia de eficiencia energética, entre otras materias, y el RDL en materia de incendios forestales.

Desde SEA Empresas Alavesas nos sumamos a las críticas ya expresadas públicamente por académicos y analistas del Derecho Constitucional sobre el uso desproporcionado de esta legislación de excepción que son los Reales Decretos Ley.

Recordemos que son un instrumento normativo de excepción (en teoría) ya que el peso legislativo y normativo recae en el poder legislativo y no en el poder ejecutivo.

Sin embargo, en los últimos años y sobre todo en la última legislatura, el incremento de Reales Decretos Leyes aprobados ha batido récords.

Esta dinámica de gobernar por decreto-ley está dejando de lado el debate en el Congreso de los Diputados que debería ser uno de los pilares de la democracia.

El país del decretazo

Nos preocupa también el agrupamiento de medidas de urgencia que se realizan en la redacción de estos Reales Decreto Ley y que mezclan materias heterogéneas que serán aprobadas en bloque y que pueden dejar en segundo término, o menos visibles, medidas de carácter impopular o que requerirían un debate en profundidad por parte de los grupos parlamentarios antes de su aprobación.

Un ejemplo lo tendríamos en el RDL de ahorro energético que se votó ayer y que incluye una medida para facilitar el rescate de las autopistas de Madrid y una partida de 1.360 millones de euros para el sector eléctrico.

Los tiempos inciertos han venido para quedarse. Si nos hacen falta respuestas rápidas, hacemos que los procedimientos legislativos den respuesta manteniendo la base democrática de nuestros sistemas.

Cierto que la separación de poderes en nuestro país ha dejado y deja mucho que desear, pero es importante que el Ejecutivo ejecute y el Legislativo desarrolle la normativa para garantizar un marco democrático y participativo.

* Director general de SEA Empresas Alavesas