los 18 clubes de la ACB se reúnen hoy en Barcelona en una Asamblea General Extraordinaria que se presume de lo más caliente y, posiblemente, con palabras subidas de tono. En un momento crítico para la asociación, con numerosos clubes ahogados económicamente, los ingresos por los suelos y unas audiencias televisivas paupérrimas debido al sonrojante maltrato que recibe el baloncesto por parte del ente poseedor de los derechos, existen otros focos de tensión que presiden sus complejas obligaciones diarias.

Por dentro, es un absoluto polvorín. Lejos de que todos sus dirigentes remen en la misma dirección y aporten sobre la mesa soluciones inteligentes con el objetivo de que el baloncesto recupere su esplendor en el país, vuelvan a llenarse las canchas de público y los mejores jugadores no deban emigrar hacia otros países ante el imparable declive del torneo, hay intereses opuestos entre los asociados que amenazan con quebrantar la paz social que debería imperar en una crisis como la actual.

En el orden del día, hay un único punto estrella que concita todo el interés. Alberto García Chápuli, el director de arbitraje, vive sus últimas horas al frente de un estamento que todos los años se ve salpicado por agrias polémicas. Albert Agustí, nombrado director general por la ACB hace dos años y que apenas había tomado decisiones significativas hasta la fecha perdiendo así mucho crédito entre los que confiaron en él para reflotar una nave a la deriva, notificará hoy a la Asamblea su destitución a escasas fechas del comienzo de la temporada pese a que, según todos los indicios, carece de la potestad para hacerlo. Lógicamente, una medida de ese calibre necesita ser aprobada por la mayoría de la Asamblea antes de hacerse oficial y ni Eduardo Portela ni algunos clubes con mando en plaza como el Real Madrid, el Unicaja o el Valencia Basket la observan con buenos ojos.

Chápuli, al que se le comunicó la noticia el mismo día que Madrid optaba a los Juegos Olímpicos de 2020, lleva mucho tiempo en el punto de mira de ciertos equipos descontentos con su proceder y su política de designaciones, entre ellos dos pesos pesados como el Barcelona y el Baskonia. Su pasado como directivo merengue no le ha ayudado precisamente a salvaguardar su imparcialidad. Los propios árbitros también están descontentos con él, ya que entienden que se pliega a los deseos de los equipos grandes cuando pretenden vetar a un determinado colegiado que ha podido cometer algún error en contra de sus intereses.

Durante la última Asamblea, celebrada en julio, catalanes y vitorianos ya propusieron la marcha de Chápuli, aunque su deseo acabó en agua de borrajas. En parte porque la ACB no está para grandes dispendios en forma de indemnizaciones y el sueldo del hombre fuerte de los árbitros asciende a cerca de 90.000 euros. Si finalmente se da el visto bueno a su marcha, Felipe Llamazares es el escogido por Agustí para liderar el cambio en un estamento que siempre se encuentra en el ojo del huracán.

"Cuando un director general toma una decisión, hay que dejarle que explique los motivos", subrayó ayer Josean Querejeta respeto al asunto. Las manecillas del reloj ya aprietan a todos los protagonistas, ya que antes del comienzo de la Supercopa debe producirse una reunión entre técnicos y árbitros para definir los criterios y conocer las pautas para la temporada.