El comité de empresa de Tubacex pedirá, en la reunión prevista para el próximo martes con la dirección del fabricante de tubos, la inclusión de los 129 trabajadores cuyo despido anuló el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a comienzos de julio en el nuevo ERTE, cuyas condiciones se comenzarán a negociarse en dicho encuentro.
El actual ERTE que concluye el 10 de septiembre, afecta al 60% de la jornada e incluye a 521 trabajadores, 397 de las fábricas de TTI en Llodio y Amurrio, y otros 124 correspondientes a Aceralava.
Tras anunciar la empresa su intención de proponer un nuevo ERTE, el cuarto en año y medio, el presidente del comité, Eduardo Ibernia, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que, por parte de la representación sindical van a aprovechar esta nueva negociación para "intentar acercar posturas e intentar buscar un acuerdo para solucionar este conflicto".
En este sentido, ha confirmado que sus planteamientos, a partir de este martes, en torno a esta nueva mesa negociadora, pasarán por volver a pedir a la dirección que renuncie al recurso ante el Supremo contra el despido nulo de los 129 empleados a los que afectó el ERE.
Situación temporal
Su postura será pedir que todos los trabajadores sean incluidos en el nuevo ERTE ya que, desde su punto de vista, "esta figura supondría apostar por una decisión para una situación temporal, que es lo que defiende la parte sindical desde siempre", y así evitar las consecuencias del ERE y, "por tanto, también del recurso al fallo del TSJPV".
Ibernia ha añadido que, a juicio del comité, esta nueva negociación "puede ser otro momento para volver a pedir la retirada del recurso, que se acepten las sentencias, readmitir a todos y que a todos nos metan en esa reducción y se redistribuyan las jornadas para, temporalmente, arreglar esta situación".
Respecto a la postura de la dirección, Ibernia ha confirmado que no conoce "cuál será su propuesta ni en torno a cuántos trabajadores incluirán en el nuevo ERTE ni por cuánto tiempo" y tampoco si van a incluir a los 129 despedidos, "de los que 95 son despidos y 34 bajas y prejubilaciones.
"No sabemos nada", ha reiterado Ibernia, desde la carta con la que, a principios de agosto, el consejo notificó por escrito a la plantilla su voluntad de no renunciar al recurso porque es "su legítimo derecho a la tutela judicial efectiva", tal y como informaron en esa misiva.
Recurso judicial
Desde el comité entienden que el recurso judicial sigue, de esta manera "su cauce" y les consta que la empresa, tras conocer las sentencias del TSJPV, ha ido dando de alta a los despedidos pero los mantiene en sus domicilios, sin reincorporarlos.
En esta línea, Ibernia ha confirmado que parte de esos readmitidos, sus afiliados, se han declarado en huelga indefinida, mientras que otra parte sí recibe la nómina desde julio "y algunos han decidido coger ese dinero y repartirlo", aunque, como sindicato y comité de empresa cree que "lo más coherente es declararse en huelga".
La plantilla de las empresas del grupo tubero en Llodio y Amurrio mantiene una huelga indefinida desde el 11 de febrero y este domingo se alcanzarán las 200 jornadas del inicio de este paro indefinido.
El actual ERTE incluye una reducción del 60% de la jornada de los más de 500 trabajadores incluidos en el expediente. La empresa abona a los afectados el 40% del resto de su horario laboral y el resto corre a cargo del SEPE.
El cuarto en año y medio
El ERTE que se comenzará a negociar a partir de este próximo martes, 31 de agosto, será el cuarto en año y medio desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Las dos sentencias del TSJPV que declararon nulos los despidos en TTI y Aceralava se hicieron públicas el pasado 6 de julio.
Desde entonces no ha habido acercamiento de posturas entre ambas partes, tras la presentación del recurso ante el Supremo y la petición del comité de que la empresa renuncie a él.
En su circular interna a la plantilla del 3 de agosto, la dirección afirmaba que, pese a lo aparecido en los medios, hasta esa fecha "no habían recibido una respuesta precisa y concreta con las exigencias reales del comité".
La dirección añadía que, desde su punto de vista, parecía que "con esta actitud, una parte del comité pretende forzar a la empresa a que renuncie a su legítimo derecho a la tutela judicial efectiva, retirando los recursos al Tribunal Supremo y eso la compañía no lo admitirá en ningún caso".
