El caso de la residencia de mayores San Prudencio llega al juzgado. Guillermo Perea, en nombre propio y en representación de la asociación vecinal Zazpigarren Alaba, ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Vitoria contra el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran; el concejal de Políticas Sociales, Jon Armentia, y el diputado del área, Emilio Sola, por incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales.

Un escrito que suscribe la asociación de familiares de residencias y centros de día Babestu Araba, y que hace referencia a los cambios introducidos en el geriátrico mediante una norma que los denunciantes solicitan que se suspenda.

Los hechos

Entre los hechos que motivan la denuncia está el ya mencionado incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de diciembre de 2008, del decreto de cartera, que distribuye las competencias de cada institución en materia social, y del mapa de Álava de los servicios residenciales socio sanitarios.

Objeto de la denuncia es el cambio planteado en un acuerdo-marco de diciembre del pasado año que afecta a la residencia de mayores San Prudencio, homologada por la Diputación para atender a personas dependientes de grados 2 y 3 , y convenida en 99 plazas desde enero de 2017, como otras residencias concertadas o privadas, que forman parte de las infraestructuras residenciales de Álava, explica Perea.

Servicio público

"No pueden ser anuladas como servicio público geriátrico (asistido) y psicogeriátrico, ni siquiera con una clausura progresiva hasta 2024, porque esta decisión no sería competencia del Ayuntamiento sino del Pleno", argumenta la denuncia.

Recuerda que las Juntas Generales, ante la escasez de plazas residenciales para grados 2 y 3 en Gasteiz, acordaron por unanimidad ampliar estas plazas en 60 en las dos plantas vacías de San Prudencio y los grupos junteros instaron a la Diputación a que así se hiciera.

Además, emplaza la denuncia a que se cumpla el reglamento de residencias, centros de día y servicios de atención diurna de personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria.

"A día de hoy, no se ha realizado la asamblea general y se han empezado los traslados, que ya el viernes 18 de febrero se produjeron dos fallecimientos en la planta 3ª. En febrero han sido cuatro los fallecidos".

Suspensión cautelar

Por todo ello, pide la suspensión cautelar del acuerdo de diciembre de 2020. Suspensión que reclama la asociación de familiares de residencias y centros de día de Babestu Araba y Zazpigarren Alaba como colectivo vecinal, por medio de familiares de la residencia San Prudencio y miembros de Babestu Araba.

Los mismos que han solicitado una asamblea general para tratar sobre este acuerdo-marco "impuesto, que está suponiendo un grave perjuicio para nuestros familiares y para las muchas personas que están en listas de espera con grados de dependencia 2 y 3", critican.

Consideran que los hechos expuestos pueden ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación, estafa y fraude, razón por la que han decidido acudir al juzgado.