Urtaran, escucha, la plantilla está en lucha es una de las consignas que han gritado esta mañana los miembros del comité de trabajadores del AyuntamientoAyuntamiento de Vitoria en la Plaza Nueva.
La protesta ha sido convocada en contra de las privatizaciones y la desaparición de empleos públicos, coincidiendo con una reunión de Recursos humanos en el interior de la Casa Consistorial.
En concreto, el comité de empresa ha denunciado despidos en la residencia San Prudencio y en los cementerios de la capital alavesa.
En lo referente al geriátrico, el comité asegura que el gabinete Urtaran despidió en diciembre a ocho trabajadores, en marzo hará lo propio con nueve empleados y en julio irán a la calle otros veinte, con motivo de la reestructuración del servicio que se está llevando a cabo en dicha residencia y la asunción de competencias por parte de la Diputación de Álava.
"Aprovechando el decreto de cartera están eliminando plazas públicas en el cuidado de personas mayores", censuran los representantes de la plantilla municipal.
Calculan los sindicatos que, para 2024, fecha final de este proceso, quedarán 90 de los 255 trabajadores, y 131 de las 445 plazas de usuarios contabilizadas a día de hoy.
Cementerios
En cuanto al servicio de cementerios, critican los sindicatos la previsión del gabinete Urtaran de subcontratar las labores de apertura y cierre de los camposantos de El Salvador y Santa Isabel.
"Tememos que la fórmula se extienda a otros servicios municipales", sospechan.
Por ello, "seguiremos movilizándonos para denunciar e impedir la desaparición de plazas públicas y puestos de trabajo públicos", anuncian las centrales sindicales.
El comité insta al Ayuntamiento a que realice las obras necesarias para poder reconvertir la totalidad de la residencia San Prudencia en viviendas comunitarias, y así no despedir a más personal.
Viviendas comunitarias
A las dos plantas vacías desde hace años se une una tercera con la nueva reorganización. Si el Ayuntamiento acomete las reformas necesarias y utiliza el servicio en su totalidad, además de atender a gran parte de los usuarios que en la actualidad se encuentran en lista de espera, no tendría que despedir a nadie, considera el comité.
El decreto de cartera define las competencias que la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Gasteiz tienen a la hora de atender a los usuarios con diferentes grados de dependencia. El objetivo es no duplicar servicios.
Así, el documento establece que los usuarios de grado 2 y 3 de dependencia deben ser gestionados por la institución foral y los de grado 1 por el consistorio gasteiztarra.
