Una de cada cinco empresas de Álava augura que tendrá que ejecutar recortes en su plantilla antes de que acabe este año, según la décimo sexta edición del Observatorio de Afectación del covid-19 puesto en marcha por SEA Empresas Alavesas.

El aumento de los contagios y la ralentización en la campaña de vacunación han hecho mella en las previsiones que manejaban las empresas alavesas para los próximos meses. El evidente perjuicio que la pandemia ha causado desde marzo se ve aderezado ahora con un panorama nada halagüeño que, de momento, ha llevado al 22% de las empresas a augurar recortes en su plantilla antes de que acabe el presente ejercicio.

El inicio del ansiado 2021 no ha cumplido, hasta la fecha, las expectativas generadas y la losa del covid continúa más patente que nunca en la actividad diaria del territorio. Como ejemplo de esta visión, la práctica totalidad de las empresas alavesas, nueve de cada diez, consideran que recuperar la actividad previa a la llegada de este virus supondrá esperar al menos hasta 2022.

Así lo revela el Observatorio de Afectación del Covid-19 de SEA Empresas Alavesas, un informe que en su último número pone de manifiesto que para el 21% de las empresas la facturación ha caído por encima del 50%, mientras que la reducción media ha sido del 25%; es decir, una cuarta parte de las cifras registradas en 2019.

Como consecuencia de esta situación, el 43% de las empresas se han visto obligadas a recurrir a un ERTE para paliar el daño en su economía provocado por el Covid-19, un porcentaje sensiblemente inferior al registrado en el Observatorio del mes pasado, aunque con la particularidad de que las empresas que mantienen el ERTE han incluido en esta vía a un mayor número de trabajadores. Una de cada cuatro empresas con trabajadores en ERTE tiene a más del 75% de su plantilla en esta situación.

Al igual que en anteriores Observatorios, y pese a la delicada situación, el 98% de las empresas no se plantea presentar un concurso de acreedores.

Entre las solicitudes que las empresas trasladan a las instituciones destacan las ayudas directas a sectores con restricciones legales para el desarrollo de la actividad y la rapidez en la concesión de las citadas ayudas.

Así mismo, las empresas solicitan a la Administración pública el incremento de la duración de los ERTE y exoneraciones en el pago a la Seguridad Social, entre otros aspectos.