- Las críticas en torno a la decisión de disolver el Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza de Ayala (CAKU), adoptada el pasado mes de diciembre, lejos de dispersarse, van en aumento. De hecho, la semana pasada terminó con el anuncio de que se había presentado un recurso contra este acuerdo, por parte de varios representantes de EH Bildu en la asamblea general del citado consorcio.

Según figura en el escrito registrado, “no se ha cumplido con los trámites preceptivos necesarios y obligatorios” por lo que consideran que el acuerdo adoptado es “nulo de pleno derecho”. Es más, la coalición soberanista ha solicitado que se dejen en suspenso todos los acuerdos adoptados ese 10 de diciembre, dadas las consecuencias que puede acarrear la disolución de este ente. Esta reclamación se basa en un informe jurídico.

Tal y como venía defendiendo EH Bildu, no existe una causa que motive la disolución. “La relativa al interés público es inexistente y se ha creado artificiosamente, con el único objetivo de forzar la incorporación de las entidades locales de Aiaraldea al nuevo consorcio creado e impulsado por la Diputación (Urbide), en lo que constituye un abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo, fraude de ley y desviación de poder”, señalan.

A su vez, han añadido que la propia tramitación del expediente ha provocado una “gran indefensión” a los entes consorciados puesto que se les obligó a adoptar la decisión en el plazo arbitrario de un mes, sin contar con la información suficiente y sin analizar todas las opciones. También entiende EH Bildu que el presidente y el gerente del CAKU se han extralimitado en sus funciones y que no se ha informado a los miembros de la asamblea general de la pretendida situación contraria al interés público que aconsejara su disolución. Por último, el escrito considera que en este proceso se ha vulnerado el principio de autonomía local.

También desde la agrupación laudioarra Omnia se han vuelto a elevar críticas estos últimos días contra los acontecimientos -plagados de “irregularidades”, ya que había dudas hasta sobre los Estatutos en vigor para guiar el proceso- que han llevado a iniciar el proceso de disolución del CAKU. Un hecho que tildan de “chantaje foral”, al tiempo que acusan a PNV-PSE de “traficar” con el agua de Aiaraldea.

Según explicaron desde Omnia, “Diputación no controlaba el agua sino que eran los municipios. Con el cambio a Urbide, tendrá la mayoría y podrá dirigir y gestionar el agua como quiera. Con esta decisión, trasladan la gestión del agua a la Cuadrilla de Añana, a más de 50 kilómetros”, enfatizaron.