- Con muchas familias sumidas en la incertidumbre ante el futuro, trabajadores en ERTE, comerciantes a la espera de clientes que no llegan, hosteleros con sus horarios restringidos y una industria temerosa ante la evolución de los acontecimientos, la economía a gran escala y también la de las unidades familiares es el principal quebradero de cabeza de la sociedad alavesa más allá del evidente riesgo para la salud que ha causado el covid-19.

El 2021 que acaba de arrancar, por tanto, va ser complicado para muchas personas que tienen que hacer frente al pago de facturas en todo tipo de situaciones, y las administraciones públicas no son ajenas a esta situación. Así, el Gobierno central ha aprobado prorrogar la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional mientras continúen las restricciones a la actividad económica y ha prohibido el corte de suministros básicos a familias vulnerables. Además, en el seno del Ejecutivo hay un debate entre PSOE y Unidas Podemos, no exento de tensión, sobre la subida o congelación del salario mínimo interprofesional.

En Euskadi, por su parte, la RGI va a subir un 1,8%, y las Cuentas del Gobierno Vasco para este ejercicio contarán con fuertes incrementos de gasto en ámbitos como la salud, la educación, el empleo y las políticas sociales, según señaló en diciembre el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.

A nivel del territorio histórico, la Diputación ha elaborado un proyecto presupuestario también de carácter expansivo y que pone el acento en el gasto social y el impulso a la economía. Además, se han prorrogado a este ejercicio las medidas de alivio fiscal a pymes, autónomos y rentas bajas que se pusieron en marcha el pasado año para hacer frente a los efectos de la pandemia y que consensuaron las tres haciendas forales.

Las medidas afectan principalmente a los impuestos del IRPF y Sociedades, que prorrogan hasta 2021 las principales medidas excepcionales que se han aprobado en los últimos meses, y que también crean nuevas ventajas fiscales, adaptadas a la situación actual del tejido económico alavés.

Así, se eleva de 12.000 a 14.000 euros el límite que fija la obligación de realizar la declaración de la renta. Además, con el mismo objetivo de favorecer a las rentas más bajas, se establece el límite de 20.000 euros, en los supuestos de más de un pagador, cuando la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no supere en su conjunto la cantidad de 2.000 euros anuales.

También para el ejercicio 2021, como se hizo en el 2020, se declaran exentas del pago de IRPF determinadas rentas correspondientes a ayudas extraordinarias otorgadas por las Administraciones públicas a los trabajadores autónomos como consecuencia de la suspensión, paralización o grave afectación de su actividad a causa del covid-19.

También cabe la posibilidad de tributar sólo el 75% de la cantidad recuperada de las EPSV para las personas en situación de ERTE o ERE como consecuencia del covid-19.

A nivel municipal, por su parte, y en el caso concreto de Gasteiz, el pasado otoño se certificó la congelación de tasas e impuestos. Así, en este 2021 mantienen sus tarifas los cinco impuestos municipales (IBI, IAE, vehículos, ICIO y Plusvalía) y lo mismo ocurre con las tasas municipales salvo una que sí sube; la relativa al vertido y tratamiento de residuos en las plantas de tratamiento municipales, concretamente el vertedero de Gardelegi y la planta de tratamiento de Jundiz.

Además, con el objetivo de aliviar la situación de las personas con mayores dificultades económicas, se amplía la posibilidad de fraccionamiento del pago de las deudas con la Hacienda local de 24 a 60 meses.

En cuanto al proyecto de presupuesto municipal, a la espera de socios que lo respalden, se contempla un importe de 388 millones de euros, un 4,7% menos que los últimos, que se complementará con una deuda de 10,7 millones de euros y un préstamo de 6,3 millones que se pedirá a la Diputación.

Todas estas medidas fiscales y presupuestarias, dada la gravedad de la situación, no podrán cubrir todas las necesidades que ha generado la pandemia, y las más acuciantes son las más básicas, el pago de la luz, el gas o el agua.

En lo que se refiere al agua corriente, Gasteiz parte de una buena situación. La sociedad pública Amvisa sigue dando dividendos cada año y mantiene una política de precios que sitúan a Vitoria como la sexta ciudad del Estado con las tarifas de agua corriente más bajas.

Por su parte, los precios de la electricidad dependen de muy diferentes factores, pero los gobiernos tienen también capacidad para incidir en los mismos, y así el pasado 15 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, iniciar la tramitación urgente del anteproyecto de Ley para la creación del denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).

Dicho fondo financiará los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, eminentemente fijos, que dejarán así de formar parte del recibo de la luz, y que será costeado por las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía (comercializadoras de electricidad, gasistas y petroleras), con el objetivo de rebajar la factura doméstica al menos un 13% en cinco años gracias a la disminución de los cargos. Los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que ascienden a unos 6.600 millones de euros al año, saldrán así del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.

Gobierno de España. PSOE y Unidas Podemos han decidido en el seno del Ejecutivo de La Moncloa la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de los cortes de suministros para la población vulnerable, y negocian la subida o congelación del salario mínimo interprofesional. Por otro lado, el Gobierno quiere aprobar lo antes posible la Ley para la creación del denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Dicho fondo financiará los costes fijos de la factura eléctrica, y lo costearán todas las empresas suministradoras de energía.

Gobierno Vasco. El proyecto de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2021 contempla una subida de la renta de garantía de ingresos del 1,8%. Las Cuentas se elevarán hasta los 12.442 millones de euros, 668 millones más que el pasado año (+5,7%), con el objetivo de minimizar el impacto social, sanitario y económico de la pandemia.

Diputación Foral de Álava. La Diputación ha diseñado unos Presupuestos expansivos que aumentan los ingresos con respecto a 2020 por el recurso a deuda y déficit, y por una caída de la recaudación que finalmente será menor de la esperada hace unos meses. Además, se han prorrogado las medidas fiscales aprobadas en 2020 para beneficiar a pymes, autónomos y rentas bajas.

Ayuntamiento de Vitoria. El Consistorio de la capital alavesa ha congelado los cinco impuestos municipales (IBI, IAE, vehículos, ICIO y Plusvalía) y lo mismo ocurre con las tasas municipales salvo la de vertido y tratamiento de residuos en las plantas de tratamiento municipales.

13%

La ley que prepara el Gobierno central para cargar los costes fijos de la factura de la luz a las empresas suministradoras de energía pretende rebajar los recibos al menos un 13% en cinco años.

Estudio de la OCU. Según un estudio de OCU sobre los precios de los supermercados en España en 2020, Euskadi, junto con Cataluña, Canarias y Baleares tuvieron en 2020 la cesta de la compra más cara. Castilla y León, Murcia, Extremadura, Asturias, Galicia y Andalucía fueron las comunidades más baratas. Comparados con los precios recogidos en 2019, la cesta de la compra subió en 2020 de media un 2,8%, y las subidas fueron especialmente elevadas en el caso de los productos frescos, de hasta el 4%. OCU advirtió de que el impacto del coronavirus se ha notado en los supermercados, con un cambio de hábitos en los consumidores, que compran menos veces, pero más cantidad. Además, adquieren más productos que ahora no consumen fuera del hogar y muchos más a través de internet, aunque la principal repercusión está en la subida de precios, muy por encima de un IPC que actualmente está en términos negativos.