- El concejo de Fontecha ha recibido un dictamen negativo por parte del Tribunal de Cuentas del País Vasco, que ha encontrado una gestión bastante irregular en cuando a la gestión administrativa, cobros de energía eléctrica sin que exista una normativa que lo regule y un déficit importante sin un plan de recuperación tras apoyar financieramente a una fundación local en un litigio con una empresa que iba a construir una residencia que, finalmente, no se edificó.

Al tratar de contactar con el responsable de la Junta, perteneciente al PP, la oficina de información de dicho partido señaló que “desde la Junta Administrativa no se van a hacer declaraciones porque lo solicitado por el Tribunal de Cuentas son matices únicamente. Se ha actuado como se realiza en el resto de juntas de manera habitual, donde todas las decisiones pasan por los vecinos y tienen el aval del pleno”.

Según informa la institución fiscalizadora, el pasado 7 de octubre, el Pleno del Tribunal vasco de Cuentas públicas aprobó por unanimidad el informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de Fontecha correspondiente al ejercicio 2018. En sus conclusiones, el tribunal destaca la falta de elaboración de un presupuesto para el ejercicio 2018 y de una ordenanza reguladora y acuerdo de aprobación de las tarifas por suministro de energía eléctrica. Tampoco consta contrato que sustente un préstamo realizado por el presidente al concejo por 30.000 euros, ni valoración pericial de una parcela, adjudicada al concejo a cambio de su asunción de determinados gastos judiciales de la fundación privada de beneficencia propietaria.