- La temida avalancha de demandas que los abogados alaveses esperaban tras la salida del confinamiento no ha llegado todavía a los juzgados de Vitoria. La crisis económica y social desencadenada por la pandemia ha provocado, sin embargo, un aumento de reclamaciones por impagos de facturas y de consultas relacionadas con divorcios y separaciones en el Palacio de Justicia, según el decano del colegio de abogados de Álava, Antón Echevarrieta. En el primer caso, se trata de profesionales, autónomos muchos, que acuden a los tribunales para reclamar el impago de facturas por parte sus clientes. "Fontaneros, albañiles...", puntualiza Echevarrieta.

En el segundo caso, de momento son la mayor parte consultas, pero es más que probable que muchas de ellas acaben en procesos en los tribunales de familia. "Si ya habitualmente se incrementaban las separaciones y divorcios después de que las parejas pasasen juntas las vacaciones de verano, pues imagina ahora tras meses de confinamiento en los que la convivencia es más estrecha y después del atípico periodo estival que hemos tenido", sostiene el decano.

En cuanto al resto de tribunales, el contencioso administrativo continúa siendo el más saturado, pero no exclusivamente como consecuencia de la pandemia, ya que arrastraba de atrás esta situación. Y, aunque esperaban que se disparasen las denuncias a causa de las sanciones puestas por la Policía por incumplir las exigencias sanitarias, o las llegadas por razón de fallecimientos de personas mayores en residencias de ancianos, considera Echevarrieta que, a día de hoy, no se puede hablar de juzgados tensionados en Gasteiz.

"No hay avalancha como tal, pero sí un incremento paulatino de procedimientos judiciales", asegura. Procesos que en algunas materias todavía no han aterrizado en los juzgados, pero se espera que desembarquen durante el primer trimestre de 2021, salvo que la mala situación económica dé un giro de 360 grados, que no parece lo más probable con la "incertidumbre" que sigue causando el coronavirus, tanto desde el punto de vista sanitario, como social y económico", apunta. Se refiere el decano del colegio alavés al momento en el que el Gobierno acabe con los ERTE y determinadas empresas y negocios ya no puedan sostener a sus trabajadores o se declaren en concurso de acreedores. "Es de prever que se incrementen los procedimientos concursales en las salas de lo mercantil", vaticina Echevarrieta. Y es que, el decano opina que "la verdadera cara de la crisis no ha llegado aún a los juzgados".

El hecho de que no haya una avalancha de procedimientos no significa que la covid-19 no haya pasado factura al sistema judicial. De hecho, reconoce Echevarrieta que la demora es ahora mayor, en parte por todas las medidas de limpieza y desinfección que hay que adoptar tras la celebración de una vista, por ejemplo; en parte por el parón del sistema durante el estado de alarma. "No podemos volver a cerrar los palacios de justicia como sucedió en marzo porque el obsoleto sistema informático que tenemos no permita el teletrabajo a los empleados", censura. Por ello, reclama de nuevo a los responsables políticos que se implante, de una vez, un sistema conjunto para todo el Estado que permita trabajar desde sus casas a los empleados de la administración de justicia, ya que en la actualidad sólo cabe el trabajo presencial.

Con todo, a pesar de los retrasos y de que cualquier trámite administrativo se ha burocratizado más a raíz de la pandemia -no sólo en los organismos judiciales-, el decano cree que la respuesta de la justicia es más ágil en Álava que en otros partidos judiciales. "Es una respuesta razonable dentro de lo razonable, pero que podemos mejorar", indica. "Procesos que en Vitoria tardan meses, en Barcelona se demoran años", pone como ejemplo.

Considera el decano del colegio de abogados de Álava. Antón Echevarrieta opina que muchos procedimientos desembocarán en los tribunales a principios de 2021 cuando finalicen los ERTE y empresas y negocios que ya no puedan sostener a sus trabajadores se declaren en concurso de acreedores.

Asegura el decano en relación al cierre de los palacios de justicia durante el estado de alarma. Considera que una situación como la de marzo no se debe repetir. Por ello, reclama a los responsables políticos de Justicia, una vez más, que se implante un sistema conjunto para todo el Estado que permita el teletrabajo a los empleados de la administración de justicia, ya que a día de hoy sólo cabe el trabajo presencial.

Indica Antón Echevarrieta ante la subida de consultas sobre separaciones y divorcios.