- La junta del sector de la remolacha de la UAGA (Unión Agroganadera de Álava) se reunió la pasada semana para preparar la campaña que comienza este otoño, una vez finalizada la vendimia y avanzar otras cuestiones de cara al futuro del sector. En ese encuentro se decidió solicitar una reunión al Gobierno Vasco para que informe de cómo se van a implementar para esta campaña las ayudas agroambientales: duración de la prórroga (para una o dos campañas), condiciones y cuantía económica de las mismas.

También se acordó solicitar al Ministerio de Agricultura la ampliación para una campaña más del empleo de neonicotinoides en semilla. Si bien la autorización excepcional habilitada para la campaña actual era la última, la situación del cultivo en Francia, con grandes pérdidas de producción, ha hecho que el país vecino revise esta prohibición y se plantee una nueva autorización. Por ello, y para evitar que en nuestro territorio se produzcan esas pérdidas de producción, desde la UAGA, a través de COAG, se va a solicitar una nueva autorización del uso de insecticidas neonicotinoides en semilla de remolacha.

Respecto a la demanda de arbitraje por el incumplimiento del acuerdo marco interprofesional, en julio tuvo lugar la audiencia en la que las partes (COAG-UPA y Azucarera) presentaron ante la árbitro sus argumentos. Finalizado el trámite, parece ser que para noviembre se podrá dictar el laudo con la resolución que deberán acatar ambas partes. De momento, en la última campaña, Azucarera estableció los criterios de pago, sin tener en cuenta el AMI. El precio que perciben los agricultores se compone de varios conceptos: el precio fijo de Azucarera, más los complementos que apruebe durante la campaña, cifras que oscilan entre 28,8 euros por tonelada en los contratos a un año y los 29,23 si es a dos años; la cifra que fije el Gobierno Vasco como ayuda agroambiental destinada a fomentar labores respetuosas con el medio ambiente; y la ayuda establecida en el reglamento del Parlamento Europeo para estos agricultores. La suma de los conceptos abonados por las administraciones fue, durante la pasada campaña, de 1.160 euros por hectárea, a la que sumaron los mencionados 28,8 euros por tonelada entregada con un contrato a un año o 29,23 si el contrato era a dos años, con Azucarera.