- La Diputación Foral de Álava ha dado luz verde al pago de las subvenciones a los propietarios de los pabellones de Samaniego que fueron destruidos por un impresionante incendio el 18 de noviembre de 2018. Se trata de la segunda remesa de ayudas que se corresponden con las solicitudes presentadas por los afectados desde el 15 de octubre de 2019 y hasta el 2 de julio de este 2020, para la adquisición de la maquinaria sustitutiva de la afectada por el siniestro, que fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno Foral de 17 de abril de 2019.

El régimen de tramitación de estas ayudas es el de libre concurrencia, con un plazo de presentación de solicitudes que se extenderá hasta el 30 de octubre de 2020, siendo resueltos los expedientes con una periodicidad trimestral y respecto de las solicitudes completas que se hayan registrado en el trimestre anterior. Previsiblemente podría haber una tercera remesa dentro de ese plazo.

La Diputación reservó crédito por un importe total de 950.000 euros para la concesión de estas ayudas, de los que 700.000 se fijaron para la anualidad 2019 y 250.000 para la de 2020. En este segundo caso, las ayudas suman 19.782 euros y van destinadas a tres propietarios, dos bodegas y un agricultor, para ayudarles en la adquisición de remolques, una despuntadora y un rotovator y a quienes se les ha concedido el 35% del presupuesto de compra.

La primera remesa de ayudas permitió a los afectados llevar a cabo un total de 39 inversiones con unas subvenciones que alcanzaron casi los 280.000 euros. El resto de afectados podrá seguir solicitando esta ayuda hasta agotar los 950.000 euros puestos a su disposición.

En concreto, este primer grupo de propietarios de los pabellones quemados en Samaniego pudieron adquirir con aquella primera resolución de ayudas 12 tractores, trituradoras de restos vegetales, rotavatores, atomizadores, azufradoras, deshojadoras o prepodadoras, todo material de utilidad para el viñedo, con una ayuda cercana a los 280.000 euros. Además, la Diputación también dio apoyo a la herrería destruida en el suceso, dotándola de una primera ayuda de casi 11.000 euros, un 35% de la inversión que llevará a cabo, para comprar los utensilios necesarios para su puesta en marcha.

La gravedad del incendió provocó una gran incertidumbre en las explotaciones afectadas, ya que comprometió su viabilidad futura e incluso puso en grave peligro su continuidad. Por este motivo, el ejecutivo foral comprometió esta ayuda que debe servir para sustituir la maquinaria destruida, tanto agrícola como la utilizada en actividades industriales, para que los afectados puedan reanudar la actividad de las explotaciones perjudicadas.

Otra cosa es la recuperación de los pabellones destruidos y ya demolidos. El primer retraso vino para que los investigadores pudieran determinar la causa del incendio, ya que el Gobierno Vasco había comprometido una ayudas, pero previamente se debía retirar todo el material y los restos de edificaciones afectados por el fatal siniestro.

Pero cuando por fin se autorizó la demolición, los propietarios se enteraron que parte de su edificación estaba fuera de la legalidad, porque la calle debía tener más anchura que los 13 metros que tiene en la actualidad. De hecho, según se ha sabido posteriormente, la construcción se realizó a pesar de la existencia del Plan General y sin tenerlo en cuenta. Eso significa ahora que los pabellones, que habían tenido 235 metros cuadrados cada uno, no podían superar en este momento los 180 metros cuadrados, lo que en total supone 55 metros menos.

Por esa razón se está tramitando una adecuación de la normativa urbanística, mientras que el lugar permanece demolido, excepto las soleras, porque es el testimonio del espacio que tenían y que ahora cuestiona la legalidad urbanística, y vallado para que nadie pueda pasar.