Garoña y Añana, entre la incertidumbre y las promesas

En estos momentos, a finales de mayo, la Empresa Estatal de Residuos (Enresa) ha presentado ya al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la documentación en la que solicita la transferencia de la titularidad de la central de Garoña, así como la autorización para iniciar la primera fase del desmantelamiento de la planta burgalesa, algo que podría comenzar en 2022 y que tendrá un coste estimado cercano a los 470 millones de euros. Coincidiendo con la petición de Enresa, la secretaria de general del PSE-EE, Idoia Mendia, junto al portavoz del Grupo Socialista en el Senado y senador por Burgos, Ander Gil, y la secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González, participó en una charla telemática sobre el desmantelamiento de la central nuclear el pasado 22 de mayo.

Mendia defendió que el desmantelamiento puede suponer una "gran oportunidad" para las comarcas afectadas por el cierre de la central y mostró su confianza en que "todo este periodo que se va a abrir en las comarcas afectadas por el desmantelamiento de Garoña podrán quizá ser también oportunidades de nuevos empleos sostenibles que generen valor añadido y permitan que nuevas personas vayan a vivir a esas comarcas". Por su parte, Cristina González, en calidad de secretaria general de los socialistas alaveses, aseguró que el proceso de desmantelamiento "va a dar trabajo a muchas personas" y cree que va a dar tiempo a "buscar una alternativa para la zona" con el impulso de "empleo verde. La transición energética nos va ayudar a cerrar la central, pero también a buscar otras alternativas y otro tipo de empleo para la zona", subrayó.

Buena parte de la clave para la reactivación de la comarca se apoya en el documento denominado Estrategia de dinamización-Área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, que fue aprobado el 12 de marzo de este año, dos días antes de ponerse en marcha el estado de alarma sanitaria, por los ayuntamientos y otras instituciones implicadas en el proceso de recuperación social y económica de la zona.

Se trata de un documento coordinado por la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (Amac), en colaboración con los grupos de acción local Ceder Merindades, Adeco Bureba y Cuadrilla de Añana, en colaboración con la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur). Sus medidas alcanzan a 14 municipios, 12 de Burgos (Bozoó, Cascajares de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta-Urria, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra en Tobalina, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina) y 2 en Álava (Lantarón y Valdegovía).

Ese documento define las principales líneas de colaboración, que se estructuran en cinco ejes. El primero, denominado Garoña sostenible, contempla desarrollos energéticos, como la implementación de un centro de acopio de biomasa y el estudio de la posibilidad de la energía hidráulica como recurso económico. Un segundo apartado se centra en la promoción agroalimentaria a través de la gestión de áreas forestales, el desarrollo de polos agroalimentarios en la zona y la potenciación de ganadería extensiva y razas autóctonas; en cuanto al turismo se propone la puesta en valor y promoción del patrimonio natural y cultural, el desarrollo de programas de inversiones para alojamiento, la creación de producto turístico -como senderos, agua y ornitología, la creación de un parque temático, y la elaboración de un programa de calidad turística-.

A todo esto se añade un capítulo dedicado a la potenciación del rendimiento del parque empresarial y el desarrollo de las nuevas economías -verde, circular, etc.- como una fuente de empleo. Este eje tiene una previsión de gasto de 89,3 millones de euros. El segundo eje se denomina Garoña Conectada y contempla dos actuaciones: cerrar la brecha y crear transporte adaptado a las necesidades de la población, ambos con un coste de 6 millones de euros.

El tercero se centra en la formación por medio de un programa de empleo local para el desmantelamiento de la central y un ciclo de formación sectorial aplicada, que costarán 1,5 millones. El cuarto eje busca repoblar el área de los 14 pueblos y para ello ha elaborado un programa denominado Sé Rural, se han diseñado incentivos para favorecer la inversión y la residencia en el medio rural, y se potenciarán los servicios de proximidad como fuente de empleo y de prestación de servicios con una inversión de 2,3 millones de euros.

El último eje es una previsión de ayudas para la transición de la zona. Por una parte, se prevén apoyos económicos para la adaptación de servicios y otros para la adaptación de infraestructuras, ambos con un coste total que asciende a 20 millones de euros.

Con algunas de esas iniciativas ya se viene trabajando desde hace tiempo. De hecho, concretamente, la posibilidad de poner en marcha una factoría de elaboración de biomasa, ya fue objeto de una reunión que se celebró en Valladolid, para conocer experiencias similares.

Sin embargo, el problema está en la necesidad de financiar esos proyectos y en quién debe financiarlos. El coste estimado para desarrollar el plan asciende a 119.100.000 euros repartidos en los cinco ejes mencionados, pero el temor es que todo el plan se retrase como consecuencia de los cuantiosos gastos que se han tenido que dedicar para paliar las consecuencias de la pandemia de la covid-19.

Mientras se aguarda la integración de esas partidas de dinero en los presupuestos que correspondan, de momento solo se conoce la primera parte del calendario: Enresa ha anunciado que comenzará en 2022 con los primeros trabajos, como son el traslado del combustible gastado al almacén temporal de la propia central y el desmontaje del edificio de turbina.

Posteriormente habrá una segunda fase que se iniciará en 2025 y se prolongará durante 7 años, en la que ya se trabajará en las instalaciones radiológicas. Se desmantelará el reactor y se descontaminarán y demolerán los edificios. Un coste de 468 millones de euros -que se financiará con la tasa que abonan las empresas propietarias de las centrales nucleares-, pero en el que no están incluidos los 127 millones y medio que costarán los contenedores que albergarán el combustible nuclear.

Esta última partida contempla el suministro de 44 contenedores para el almacenamiento del combustible gastado de la central nuclear de Garoña. El valor estimado del contrato es de 127.600.000 €, el plazo de ejecución 5 años, y las primeras unidades se suministrarán en 2023. Los contenedores son del mismo tipo que los 5 que fueron adquiridos por Enresa en 2012 y que han sido autorizados por el Ministerio previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. En principio, esta empresa se ha hecho cargo de su compra.