- Una avalancha de demandas y juzgados tensionados es lo que el Colegio de Abogados de Álava depara a la Justicia a partir de ahora. Avalancha de demandas en el juzgado de lo Social a consecuencia de los miles y miles de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) presentados por las empresas; avalancha de demandas por vía civil derivadas de las alteraciones en contratos, de alquiler, por ejemplo, y avalancha de demandas en el Contencioso-Administrativo a raíz de las cuantiosas multas impuestas por la Policía durante el confinamiento. Procesos judiciales a los que el decano de la asociación gremial, Antón Echevarrieta, ve difícil, si no imposible, dar una respuesta ágil como sería de esperar, en un sistema judicial ya de por sí "obsoleto" y bastante saturado", que "ningún gobierno, del color que sea, se ha molestado en arreglar durante las últimas décadas". Una situación que, en opinión de Echevarrieta, va a tensionar, y mucho, la Justicia los próximos meses.

El decano del colegio alavés no comparte ni el parón total de todo el sistema judicial durante los primeros meses del confinamiento, salvo urgencias penales y de familia, ni las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para la vuelta a la nueva normalidad a la que apela el presidente, Pedro Sánchez.

"No hay juicios presenciales ni señalamientos ni vistas, se han paralizado todos los plazos desde el 15 de marzo, lo que significa que a todos los procesos abiertos se les van a sumar los nuevos", explica el decano. "Sabíamos que íbamos a tener un problema enorme y, por eso, lo único que le pedimos al Ministerio es que los funcionarios se fueran incorporando poco a poco a sus puestos de trabajo en abril, pero los sindicatos se negaron alegando motivos de seguridad sanitaria", describe.

Han sido semanas en las que en Vitoria ha estado trabajando un solo funcionario para cinco juzgados. La situación es tan inverosímil que las sentencias dictadas por los jueces desde sus casas, porque han estado trabajando, ni se han podido colgar en el sistema informático porque es "tan obsoleto" que no posibilita el teletrabajo. Y, ahora, en lugar de concentrar todos los esfuerzos en volver cuanto antes a la normalidad, decide el Gobierno que agosto va a ser un mes hábil para los abogados, pero los funcionarios de justicia van a poder cogerse vacaciones en distintos periodos.

"Así, únicamente van a conseguir el efecto contrario, en lugar de cerrar un mes todo, vamos a estar cuatro o cinco meses a medio gas", lamenta Echevarrieta. "Nos han criticado porque dicen que los letrados lo que queremos es estar de vacaciones en agosto, pero es al contrario, lo que pedimos es que se concentren las vacaciones de todo el personal de justicia para no estar durante meses al 50%", sostiene.

A día de hoy, los juzgados siguen cerrados. No hay juicios. Sólo un tercio de los funcionarios (33%) se ha incorporado a su puesto de trabajo. Únicamente se pueden introducir demandas nuevas. "Sigue siendo insuficiente", apela el decano del Colegio de Abogados de Álava. Un 66% de la plantilla se sumará a partir del 24 de este mes y el resto, desde el 15 de junio. Se van a establecer turnos y rotaciones por motivos de seguridad para que no coincida el cien por cien de la plantilla en los edificios y poder mantener las distancias. "Eso lo podían haber hecho desde abril".

Y les exoneran de llevar togas para evitar contagios por covid-19. Sin embargo, todavía no hay fecha fijada para poner fin la suspensión de todos los plazos dictada durante el estado de alarma. "Hasta mediados de junio no va a empezar a funcionar la Justicia con cierta normalidad y, eso, es un enorme problema en la situación de crisis en la que vivimos", considera. "La gente tiene muchos problemas y los ciudadanos casi siempre quieren solucionar esos problemas en la administración de justicia". De ahí que el sentir de los profesionales alaveses sea de "desolación y de bastante escepticismo ante la situación que se nos presenta", vaticina el decano. Y por si no fuera suficiente con la avalancha de procedimientos judiciales que esperan lo mil letrados colegiados en el territorio (entre 550 y 560 en ejercicio), el Ministerio habilita el mes de agosto "simplemente por una cuestión de imagen, para que los ciudadanos crean que así la Justicia trabaja más, cuando lo que van a conseguir es ralentizar todo, recalca Echevarrieta. "Ningún gobierno se ha molestado hasta ahora en modernizar la administración de Justicia", subraya.

La paralización de la Justicia también ha caído como un jarro de agua fría en los despachos de abogados de Vitoria. Ya no facturan como antes de la pandemia porque los procedimientos no avanzan, salvo alguno de tipo laboral, y los clientes no pagan sus servicios hasta que los casos se cierran. Los que sí se han mantenido al pie del cañón desde el inicio de la pandemia son los 250 letrados de Álava del turno de oficio que, a pesar del confinamiento, han seguido atendiendo a mujeres víctimas de malos tratos y acudiendo a las comisarías para asistir a los detenidos por la Policía.

El decano del Colegio de Abogados también prevé una acumulación de casos pendientes en el palacio de justicia de Gasteiz, a pesar de que los juzgados de Vitoria funcionan "razonablemente bien" si se compraran con otros. "La vía contencioso administrativa es la más atascada, los procesos civiles van más rápidos y el juzgado de lo social, que está mejor que en el resto de España, va a ser el que más se va a atascar a partir de ahora como consecuencia de los procesos derivados de los ERTE".

El decano del Colegio de Abogados de Álava sintetiza lo acontecido en la Justicia alavesa a lo largo de los últimos dos meses, marcados por las consecuencias del coronavirus.

El letrado hace referencia al parón en la actividad de los juzgados.

Para finalizar, el portavoz de los abogados arremete contra el inmovilismo de los diferentes ejecutivos centrales a la hora de tratar de modernizar la Justicia.