Vitoria, 6 may (EFE).- El grupo parlamentario de EH Bildu ha reclamado este miércoles al Gobierno Vasco que suba las cuantías de las ayudas al alquiler de vivienda libre y que las prolongue durante seis meses a partir de la fecha en la que se desactive el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
Estas ayudas se pueden solicitar desde hoy mismo tras la publicación el martes de la orden que las regula en el Boletín Oficial del País Vasco.
La partida cuenta con un presupuesto de 15,5 millones de euros y los inquilinos de viviendas libres que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por la crisis de la pandemia y cumplan con los requisitos exigidos pueden optar a ayudas por un importe máximo de 1.500 euros durante seis meses, a razón de 250 euros mensuales.
La orden extiende las ayudas de este programa a las personas que sean víctimas de violencia de género, sean objeto de desahucios, no tengan hogar o sean especialmente vulnerables y que hayan sido valoradas como tal por los servicios sociales de base municipales. En estos casos la cuantía total de la ayuda podrá alcanzar los 3.000 euros, distribuidos en doce mensualidades.
EH Bildu ha considerado que esas ayudas van "en la dirección correcta", pero ha señalado que son "insuficientes" y no responden adecuadamente a las necesidades de las familias con problemas económicos.
La parlamentaria Maider Otamendi ha recordado en un comunicado que antes de esa crisis unas 26.500 familias recibían ayudas económicas para pagar el alquiler y ahora son más las que las necesitan porque la crisis "ha acrecentado las situaciones de vulnerabilidad".
La coalición ha anunciado que registrarán en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco una proposición no de ley "para corregir y mejorar" este programa y el destinado al parque público de alquiler.
A juicio de Otamendi, esas medidas "no pueden finalizar en septiembre", sino que tienen que prolongarse al menos seis más desde que se levante el estado de alarma.
Propone que durante ese tiempo no se cobre el alquiler a las familias de viviendas públicas que sufren una merma sensible de sus ingresos por la crisis.
Y en el caso de los alquileres de viviendas privadas plantea que se incrementen las cuantías de las prestaciones "analizando cada caso" y garantizando que las familias no destinen más del 30 % de sus ingresos a este gasto.
