Vitoria, 30 mar (EFE).- Tres nuevos fallecimientos de usuarios de las residencias de personas mayores de Álava en las últimas horas eleva a un total de 39 el número de muertos en estos centros desde que comenzó la pandemia del coronavirus.
Según ha informado la Diputación de Álava, de los muertos en residencias de mayores, siete residían en centros forales, dos en equipamientos municipales y 30 en instalaciones privadas.
Del total de fallecimientos, 27 se han producido en centros hospitalarios y el resto en las propias residencias.
Destaca el dato de uno de los centros residenciales, cuyo nombre no facilita la Diputación, en el que se contabilizan 18 fallecidos.
En total, en estos centros se han diagnosticado 212 casos positivos (134 de instalaciones privadas, 72 de la Diputación y 6 de ayuntamientos) y los centros han derivado a los hospitales a 26 de estas personas, las que tienen un estado de salud más grave, mientras que el resto son atendidos en las residencias "evitando de esta manera una mayor presión al sistema sanitario".
En los centros de personas con discapacidad se han detectado hasta el momento 15 casos positivos, 10 de ellos hospitalizados.
Por otra parte, la Diputación ha informado de que ha paralizado temporalmente la ejecución de las obras de acondicionamiento y mejora de la Red Foral de Carreteras en aplicación del Real Decreto del Gobierno que establece la suspensión hasta el 9 de abril de todas las actividades laborales a excepción de aquellas consideradas esenciales.
Las empresas adjudicatarias procederán en las próximas horas a la guarda y protección de maquinaria y mantendrán operativo sólo un retén integrado por un operario de retroexcavadora, un conductor de camión y una persona encargada, así como un responsable que velará por la seguridad de la obra.
La Diputación Foral ha paralizado también la ejecución de proyectos de obra pública en marcha como es el caso de la rehabilitación del Palacio Lamuza en Llodio.
Mantendrá operativas las líneas de transporte interurbano de Álavabus con una oferta del 30 % respecto a la habitual para garantizar la movilidad de las personas que trabajan en servicios esenciales.
