Vitoria - La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas estatal ha abierto actuaciones contra el Ayuntamiento de Berantevilla a causa de las irregularidades probadas en la gestión contable de esa corporación durante el año 2017. Estas se han abierto a pesar de las alegaciones presentadas por la Secretaría municipal, demostrando el vacío administrativo durante aquel año y el siguiente.

El proceso se inició cuando el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas auditó el ejercicio 2017 de Berantevilla. Tras analizar las cuentas de ese año, el Tribunal detecta en primer lugar que el presupuesto de 2017 se aprobó inicialmente en enero de 2017 pero que entró en vigor en agosto por retrasos en su publicación. Al respecto, la normativa exige su aprobación definitiva antes del inicio del ejercicio. El informe del Tribunal también recoge que se produjeron retrasos en la aprobación de la liquidación del presupuesto y de la cuenta general (junio y octubre de 2018), cuando la normativa establece plazos que finalizaron el día 31 de los meses de marzo y julio, respectivamente.

El informe indica que se comprobó que el alcalde, entonces Juan Antonio Santamaría Fajardo, aprobó cinco modificaciones del presupuesto, por un total de 55.363 euros, de las que no se dio cuenta al pleno y no fueron informadas por el secretario-interventor. Además, dos de esas modificaciones, por 30.256 euros, debieron ser publicadas en el BOTHA, el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. A esto, el tribunal indica en su auditoría que las obras del ascensor del centro de salud se adjudicaron en diciembre de 2016 y se ejecutaron en mayo de 2017 con un coste de 34.961 euros sin que existiera crédito para esta inversión en el presupuesto municipal hasta el mes de junio.

En cuanto a los ingresos, el Tribunal de Cuentas explica que los padrones cobratorios del IBI, IAE, agua y gastos del polígono deberían haber sido aprobados por el alcalde. También expone que se anularon deudas de los vecinos por un importe de 191.606 euros sin el correspondiente expediente, habiendo prescrito las deudas anteriores a 2014. Sin embargo, la auditoría refleja que hay saldos de 2014, por 60.138 euros, que mantienen su vigencia y deberían ser objeto de cobro.

Asimismo, el Tribunal considera que se ha probado que en las declaraciones fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no se incluyeron pagos por 14.035 euros; y, en cuanto a Personal, en 2017 había dos contratos laborales temporales, uno de ellos con dedicación parcial. La duración de los contratos indicaba que desarrollan funciones permanentes debiéndose regularizar esta situación.

Aclaraciones al Ayuntamiento A la vista de las irregularidades, el expediente paso a la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado y se dio un plazo de cinco días al Ayuntamiento de Berantevilla para aclarar estas situaciones, especialmente, las razones por la que no apremió las deudas no cobradas en periodo voluntario de recaudación, por importe de 86.519 euros. Las opciones que se daban al Ayuntamiento eran el archivo del expediente si se aclaraba el caso, o el envío del expediente al Ministerio Fiscal para el nombramiento del instructor encargado de pedir responsabilidades.

El Ayuntamiento explicó en un amplio informe que el secretario que ocupaba aquella plaza en 2017 enfermó en enero de 2018 y falleció el 25 de marzo de ese mismo año. Por ello, desde enero y hasta el 7 de mayo, el puesto permaneció vacante, hasta que se autorizó a una persona que gestionaba la agrupación Yécora-Moreda de Álava, que agrupase también a Berantevilla-Armiñón. Esta funcionaria vio que era imposible dedicar tiempo a tantos ayuntamientos y pidió el relevo, siendo nombrado otro funcionario, en este caso interino, el 5 de noviembre de 2018, aunque el 4 de abril de 2019 la plaza fue ocupada por la actual secretaria.

La actual interventora desconocía la situación que había en el momento de la toma de posesión y la primera noticia que tuvo fue cuando se publicó el informe provisional del Tribunal de Cuentas el 28 de mayo, apenas dos meses después de tomar posesión. A partir de ese momento se tuvo que dedicar a tratar de aclarar los sucesos del ejercicio de 2017, a elaborar los presupuestos de 2019 que no se habían preparado, a cerrar la liquidación del ejercicio de 2018, a realizar las tareas cotidianas de cualquier Ayuntamiento y a pelear con el sistema operativo con el que se había estado trabajando en el Ayuntamiento, que estaba basado en MS-DOS y que en la actualidad "dificulta seriamente la recuperación de alguna información".

Con ese panorama, a la secretaria-interventora actual no le quedaba otro remedio que pedir al Tribunal que se considere esas alegaciones y no se interponga una demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados, procediéndose al archivo de las actuaciones.

Sin embargo, la consejera de Cuentas del Tribunal ha decidido que ya que "el Ministerio Fiscal no considera suficientemente esclarecidos los hechos por las alegaciones y documentación presentada no cabe apreciar en este momento que concurran ninguno de los supuestos previstos para el archivo de las actuaciones por lo que procede a que se nombre delegado instructor para la práctica de las diligencias en relación con las presuntas irregularidades señaladas".

Por su parte, el actual alcalde, Mario Perea, ha señalado a este diario que el Ayuntamiento está trabajando para tratar de recuperar esos ingresos no percibidos, así como en la puesta al día de todos los procesos administrativos y contables del Ayuntamiento desde el año 2015.