Vitoria. El diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que la sentencia del llamado "caso De Miguel" no impide contratar a la empresa Stoa, a la que el Parque Tecnológico de Miñano rescindió "un contrato ilegal concreto" ya que estaba directamente relacionado con la trama de corrupción.

Ramiro González ha comparecido este lunes ante la comisión de Presidencia de las Juntas Generales de Álava a petición del PP para dar explicaciones sobre el "caso De Miguel", el mayor juicio por corrupción celebrado en el País Vasco, cuya sentencia condena a penas de entre 13 y 6 años de cárcel a los tres principales acusados, exdirigentes del PNV alavés: Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería.

González ha dicho que la Diputación "respeta y cumple escrupulosamente con la legalidad", ha pedido "perdón" y "disculpas" varias veces durante su comparecencia por este caso que salpicó a su partido.

Ha hecho "autocrítica" de lo acontecido, ya que "no funcionaron los canales para detectar la trama", y ha apoyado "el proceder rápido y decidido" que tuvo su antecesor, el que fuera diputado general de Álava, Xabier Agirre, cuando se descubrieron los hechos.

No obstante ha aclarado que él era un simple juntero cuando saltó a la luz pública el asunto de corrupción en 2010. "No tuve ninguna responsabilidad. Creo que iba en el puesto 17 en las listas del PNV", ha precisado.

El portavoz del Partido Popular, Iñaki Oyarzábal, ha criticado que "el PNV no asuma su responsabilidad al dar carpetazo sin entrar al asunto", ha afirmado que eran "practicas habituales" que cargos electos del PNV "aceptaban adjudicaciones y contratos a empresas indicadas por dirigentes del partido" y ha cuestionado "cómo pudo ser que nadie llamara para alertar" de esta situación.

Kike Fernández de Pinedo, portavoz de EH Bildu, ha hecho hincapié en "la responsabilidad moral del PNV", ha exigido "tolerancia cero con la corrupción" y ha censurado que "Koldo Ochandiano siga ejerciendo como contable" del Parque Tecnológico de Miñano, a pesar de haber sido condenado por delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación a 7 años y 6 meses de prisión.

González ha dicho "desconocer la situación laboral" de Ochandiano", pero imagina que "responde a la Ley en materia laboral". Ha comentado que "es más difícil resolver un contrato laboral que uno civil" y ha asegurado que el Parque Tecnológico obrará "en función de lo que dicte la Ley".

Por último, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Arantxa Abecia, ha destacado que "la Fiscalía se quejó de la falta de colaboración del PNV, que dilató la entrega de documentación, dificultando la investigación".

Al respecto, González ha argumentado que "este asunto excede su ámbito de competencia". "Yo no tenía responsabilidad desde la Diputación, pero entiendo que se colaboraría" con la Fiscalía, ha apostillado.

El diputado general de Álava ha relatado "las nuevas medidas" que el Gobierno Foral ha dispuesto "para prevenir y detectar la corrupción" como el Código Moral y de Ética del Buen Gobierno y el portal web Irekia que con "transparencia pone a disposición ciudadana toda la información foral y rendimiento de cuentas".