Si bien el descenso a Segunda División es un golpe muy duro, que no inesperado, en lo deportivo para el Alavés, quien, con el paso de los años, ha ido ofreciendo una imagen cada vez más pobre sobre el césped; lo cierto es que el mayor impacto no va a llegar desde ese punto de vista, sino del económico. Algo que ocurrirá, además, de manera casi inmediata, pues, en su ya en marcha planificación del próximo curso, el conjunto babazorro deberá tener muy en cuenta la enorme cantidad de efectivo que dejará de percibir en concepto de derechos audiovisuales.

Hasta ahora, y siempre según los datos oficiales que publicó LaLiga el pasado mes de diciembre -y correspondientes a la campaña 2020-21-, la entidad del Paseo de Cervantes recibía alrededor de 50 millones de euros procedentes de las televisiones; esto es, cerca de un 70% del presupuesto aprobado (71.938.886€) en la última Junta General de Accionistas. Una cifra, por tanto, muy importante y de la que están muy lejos los equipos pertenecientes a la división de plata, quienes reciben entre cinco y diez millones.

No obstante, tanto el Alavés como los demás descendidos parten con una ventaja denominada "compensación económica por abandono de categoría" o, lo que es lo mismo, una ayuda para evitar que el trauma por dejar la élite sea aún peor de lo que ya es. Gracias a esta medida, los albiazules obtendrán una cantidad, la cual, desde hace tiempo, ya no debe devolverse, teniendo en cuenta, entre otras cosas, sus balances en los últimos cinco años y el número de ejercicios que han permanecido de manera consecutiva en Primera.

Para conocer el monto de dicha aportación, que solo se percibe una vez, lo más lógico es echar un vistazo al caso del Eibar. Tras siete temporadas en lo más alto -una más que el Glorioso-, los armeros perdieron la categoría hace exactamente un año y su compensación provisional, que no suele distar mucho de la final, fue de 19,6 millones de euros por los 13,7 del Real Valladolid y los 6,9 que se le otorgaron al Huesca, ambos con bastante menos tiempo seguido en la élite del fútbol español.

Por tanto, si se considera que el Alavés cobrará una cifra por descenso similar a la del cuadro eibarrés -y a esta, posteriormente, se le añaden los derechos audiovisuales-, el club dejaría de ingresar más de 20 de millones de € procedentes solo de LaLiga. Una disminución considerable, pero que, eso sí, no puede servir como excusa para, al contrario que en la presente campaña, salir al mercado en busca de varios futbolistas que sean capaces de marcar la diferencia y devolver al club a donde su afición merece que esté.

Ahora bien, es relevante comentar que dicha ayuda por abandonar la Primera División no es algo automático. Los clubes que quieran contar con ella deben solicitarla en unas fechas determinadas -normalmente el plazo máximo son diez días desde que se consuma la debacle- y quedan exentos aquellos cuyo descenso se deba al incumplimiento de cualquiera de las normas que rigen el funcionamiento de la competición; es decir, requisitos económicos, impagos a la plantilla, sanciones disciplinarias, etcétera.

Por otro lado, pese a que deportivamente hablando sea irrelevante terminar en la última o la penúltima posición, esto no es así en términos económicos. Este domingo, ante el Cádiz en Mendizorroza, el Alavés no podrá salvar los muebles de su paupérrima temporada, pero sí tendrá opciones de abandonar el farolillo rojo y, de esta manera, recibir un pequeño pellizco más del reparto televisivo.

En concreto, la diferencia entre terminar el curso siendo o no el farolillo rojo de la máxima categoría es de 900.000 euros, pues esto último es lo que recibe el 20 clasificado mientras que el 19 ingresa 1,8 millones de €. De todas formas, cabe mencionar que este dinero no se reparte inmediatamente, sino que se divide en cinco ejercicios (35%, 20%, 15%, 15%, 15%), lo cual significa que la entidad vitoriana aún está recibiendo un porcentaje de lo conseguido en años anteriores.

Pese a su irrelevancia en lo deportivo, el partido ante el Cádiz puede significar un ingreso extra de 900.000 euros para los babazorros