vitoria. Tal y como se esperaba, Dmitry Piterman ha hecho oídos sordos a la justicia y no ha devuelto en el plazo de cinco días fijados por la ley los 130.151,98 euros más otros 30.000 de las costas del proceso judicial e intereses a los que fue condenado la semana pasada por la emisión de facturas falsas durante su mandato en el conjunto albiazul entre 2004 y 2007.

Habida cuenta de que el ex mandatario no ha reintegrado dicha cantidad al club, los actuales responsables del conjunto babazorro se han visto en la obligatoriedad de iniciar los trámites pertinentes para solicitar el embargo de los bienes del ucraniano -inmuebles en Palamós y alguna cuenta bancaria- y recuperar dicho dinero, después de un largo y farragoso proceso que aún podría seguir abierto.

Y es que, pese a que el cerco sobre el ex presidente albiazul se ha estrechado sobremanera, éste podría evitar la ejecución de la sentencia con el argumento de que, por su provisionalidad, el Alavés, en estado de quiebra, debería avalar el dinero. De momento, habrá que esperar para ver cuál es la siguiente jugada de la defensa del ucraniano.

Por otro lado, esta mañana el juzgado de lo Mercantil acoge dos vistas, la primera a las diez y la segunda a las diez y media, en la que los acreedores solicitan el incumplimiento del convenio por parte del Alavés por el impago del primer plazo de la deuda que asciende a 560.000 euros. De ellos, 320.000 corresponden a una demanda interpuesta por el abogado bilbaíno Iñigo Landa, quien representa a doce exjugadores -Navarro, Edu Alonso, Astudillo, Ángel, Aloisi, Brandán, Wellington, Gentil, Sarriegi, Slavia de Praga (Georgiev), Ogbeche y Miguel Pérez-. En su día, todos ellos apoyaron el convenio de acreedores y renunciaron al cobro del privilegio, lo que permitió al club aprobar la quita del 50% de su deuda y demorar el pago a cinco años.

El segundo grupo de exjugadores y extécnicos, en el que el más representativo es Quique De Lucas, está representado por el letrado gasteiztarra Pablo Arregi y no apoyó el convenio, por lo que sí cobraron el privilegio y solicitan alrededor de 240.000 euros.

NEGOCIACIÓN SIN ÉXITO Durante estos últimos días, los servicios jurídicos del club han tratado de paralizar sin éxito estas dos vistas. La entidad vitoriana ha contactado con los abogados que representan a los jugadores y ha tratado de negociar con ellos para que retiren las demandas proponiendo un nuevo retraso en el cobro hasta el mes de julio, negociaciones que no han terminado con éxito.

Y es que los letrados se han mostrado reacios a retirar las demandas, por lo que el club se ha visto obligado a plantear una estrategia defensiva de cara a las dos vistas de esta mañana en la que tratará de hacer ver al juzgado que al tener abierta una ampliación de capital hasta el próximo 4 de abril, próximamente puede producirse la capitalización necesaria que permita la llegada de nuevos inversores y contar con dinero para hacer frente a esas deudas.

De momento, el club sigue buscando todos los argumentos posibles para tratar de evitar una sentencia desfavorable que abriese de oficio la fase de liquidación de la entidad babazorra. Y es que hay que recordar que un fallo negativo a los intereses albiazules provocaría de inmediato la anulación del convenio de acreedores, lo que volvería a colocar la deuda albiazul en 25 millones de euros y, además, provocaría la salida de los actuales dirigentes del club y el retorno de los administradores concursales para iniciar la venta del patrimonio de la entidad.