Vitoria - Kaleratzeak Stop Araba mantuvo ayer una reunión con la delegada territorial de Vivienda de Álava, María Concepción Fernández, para abordar las modificaciones que el decreto 210/2019 de 26 de diciembre ha establecido en relación con la asignación directa de vivienda en los casos de personas o colectivos vulnerables, así como “el aterrizaje de fondos buitre” en Vitoria-Gasteiz, según el colectivo antidesahucios.
La plataforma informó tras su encuentro con María Concepción Fernández de que, en relación a los convenios suscritos en Álava por el Gobierno Vasco con promotoras privadas para la promoción de VPO en régimen de arrendamiento, éstos tienen una duración, en general, de 15 o 20 años, y que al final del plazo será posible cambiar su uso. Son, según los datos ofrecidos por Kaleratzeak Stop, un total de 1.010 viviendas, de las cuales 530 tienen calificación permanente como VPO y las 480 restantes, fecha en la cual quedarán libres. 852 están participadas por Kutxabank. “Estamos especialmente preocupados de que estas viviendas acaben al final en propiedad de fondos buitre, y dejen de cumplir una función social al finalizar el convenio, tal y como está ocurriendo con las 540 viviendas de Benta Berri, en Donostia, gestionadas ahora por el fondo buitre Black Stone a través de Socimi Testa Residencial, que como sabemos no paga impuesto de sociedades, y es propietaria también de más de 800 viviendas VPO en Pamplona”, apuntó el colectivo.
