VITORIA - La Fiscalía de Álava considera necesario mejorar el control de la gestión de las prestaciones sociales, ya que se ha constatado una “importante actividad de organizaciones criminales especializadas en la obtención ilícita de documentación a personas de origen extranjero” para obtener de “manera indebida” prestaciones sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). La máxima entidad de la justicia en Álava afirma, en la memoria correspondiente al ejercicio 2018, que han observado cómo en “muchos casos”, el fraude “proviene de la eficacia y profesionalidad” de este tipo de organizaciones, pero en otros se ha constatado “la ineficacia o inexistencia de mecanismos de control por parte de las administraciones”, y por ello estima necesaria una mejora de los controles. También reclama una “mejora en el control” de la gestión de las prestaciones sociales (RGI y PCV) e indica que en “algunos casos” los defraudadores encausados están “integrados en verdaderas organizaciones criminales”.

Otro ámbito donde la Fiscalía alavesa aprecia una “importante actividad de delincuencia organizada” es en el área de robos en domicilios, en empresas, con especial incidencia en bares y estancos, y en gasolineras. En el caso de los robos en casas, la memoria indica que en el último año se ha constatado la actividad reiterada de diversas organizaciones, normalmente del este de Europa, que muestran una “alta eficacia y profesionalidad”, se trasladan en breves lapsos de tiempo a la zona y cuentan con pisos francos y con medios para hacer circular la mercancía de manera instantánea, lo que hace complicada su persecución y detención. Por ello la fiscalía alavesa ve “imprescindible” que se mejoren los servicios de información y coordinación entre las diferentes policías.

corriente en aumento Respecto a los delitos contra la Administración pública, el ministerio público observa una “marcada tendencia” de los órganos judiciales alaveses a “archivar o absolver” por este tipo de delitos. En concreto, muestra “especial preocupación” por la tendencia a sobreseer asuntos provisionalmente (lo que veta el acceso al recurso de casación) por supuestas dudas, contrariando el criterio del correspondiente juez de instrucción, y sin someter las mismas a juicio oral. En este ámbito, la Audiencia Provincial de Álava confirmó el archivo de la causa abierta contra el expresidente de los parques tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, por malversación de caudales públicos, entre otros delitos, en su actuación en el fallido proyecto automovilístico Epsilon, que recibió 40 millones de euros en ayudas públicas. En este caso fue absuelto por la vía penal el administrador único de Epsilon, Joan Villadelprat. - Efe / DNA