Vitoria. Fuentes judiciales han confirmado a Efe que el 14 de octubre el juzgado de lo Penal 1 de Vitoria ha citado a las partes, Fiscalía, Diputación de Álava y abogados de los tres acusados en este proceso, entre ellos el exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia Eliseo Gil, para comprobar que los imputados se hallan a disposición del órgano judicial, ver si es viable una conformidad y escuchar las cuestiones que puedan plantear.
Tras esa vista el juicio arrancaría el 3 de febrero y están fijadas diez sesiones, según han indicado las partes personadas en el proceso.
La Fiscalía de Álava ha pedido cinco años y medio de cárcel para Gil por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento privado, así como una multa de 7.200 euros.
La Diputación alavesa, que también ejerce la acusación en este caso, eleva la pena contra Gil a siete años y medio de prisión por sendos delitos continuados de daños y estafa. Su defensa reclama la libre absolución.
En el banquillo de los acusados también están un trabajador y un colaborador de Gil. Los tres serán juzgados once años después de que la Diputación presentara en 2009 la demanda que ha dado origen a este caso, un proceso "largo" que Gil ha vivido como una "pena de banquillo".
Según ha explicado a Efe está "deseando que pase esta etapa", poder defender su inocencia y "superar toda esta miseria".
Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que, cuando se presentaron en público, en junio de 2006, fueron calificados de históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo. Sin embargo, supuestamente fueron hechos por los acusados.
La Fiscalía solicita la misma pena de cárcel y multa que la de Gil para el empleado de Lurmen, Oscar Escribano. Además pide que ambos sean inhabilitados para ejercer cualquier tipo de trabajo en yacimientos arqueológicos.
Para el tercer imputado, Rubén Cerdán, la Fiscalía reclama dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado.
El Ministerio Público reclama también que Gil y su trabajador indemnicen al Gobierno Vasco con un total de 285.600 euros por los daños causados en el patrimonio cultural y que los tres acusados abonen a partes iguales a la Diputación de Álava, propietaria del yacimiento, 12.490 euros en concepto de responsabilidad civil.
En su escrito, el fiscal recuerda que Gil dirigía las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Iruña-Veleia, en Iruña de Oca (Álava), entre 1994 y 2008 y que entre los meses de junio de 2005 y junio de 2006 él y uno de los imputados causaron "desperfectos" en 476 piezas encontradas en el yacimiento con el objetivo de dotar a las mismas de un "pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían".
Así rayaron la superficie de esas piezas "a los efectos de realizar sobre ellas las supuestas inscripciones excepcionales, deteriorando así de forma irreversible piezas tardo-romanas auténticas", remarca.
Además y con la intención de dotar de una supuesta fiabilidad científica a las piezas manipuladas y obtener un beneficio patrimonial que no les correspondía Gil y su trabajador se concertaron con el tercer imputado, quien afirmaba falsamente que era físico nuclear, para llevar a cabo tres informes sobre las piezas basados en analíticas que nunca se llegaron a realizar, según la Fiscalía.
Los informes fueron remitidos a la Diputación alavesa que abonó por dos de ellos 12.500 euros pero ante la sospecha de falta de autenticidad de los llamados "grafitos excepcionales" en enero de 2008 la Diputación creó una comisión científica asesora que determinó que no eran auténticos y en marzo de 2009 presentó la querella.
La Fiscalía recuerda que la dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco ha estimado los daños causados al patrimonio en 600 euros por cada una de las 476 piezas arqueológicas dañada, lo que supone un total de 285.600 euros.
La Diputación alavesa, por su parte, eleva a siete años y seis meses las penas contra Eliseo Gil, mientras que para el trabajador de Lurmen reclama tres años y nueve meses de prisión por un delito continuado de daños.
Para el tercero de los imputados, el colaborador de Gil que dijo ser físico nuclear, la institución foral solicita tres años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de estafa.
Pide además que Gil y el trabajador de Lurmen indemnicen a la Diputación con 286.600 euros, mientras que para el principal acusado y su colaborador reclama otros 15.580 euros.
