Vitoria - Jueves, 4 de julio. Es la fecha elegida por el presidente de las Juntas Generales de Álava, Pedro Elosegi, para celebrar el Pleno de designación del próximo diputado general. Un cargo que con absoluta seguridad volverá a asumir el jeltzale Ramiro González, que se apoyará en la mayoría absoluta que el PNV y el PSE suman en el legislativo alavés para afrontar su segunda legislatura a los mandos del gobierno foral. La sesión de investidura arrancará a las 10.00 horas. Y aunque no se esperan sorpresas durante su desarrollo, ésta se alargará en el mejor de los casos durante cerca de cinco.
Muchísimo más breve fue el Pleno celebrado ayer en la Cámara foral, que además de servir para que la presidencia de las Juntas designase esa fecha ratificó que los 51 procuradores que la integran no presentan incompatibilidades con sus flamantes cargos, asumidos en la sesión constitutiva del 14 de junio.
La secretaria primera del legislativo, la socialista Eva Jiménez, dio lectura al dictamen aprobado la semana pasada por la comisión provisional de incompatibilidades, que literalmente recoge, en alusión a los junteros, que “no existe incompatibilidad alguna para el ejercicio de sus funciones”. La resolución fue aprobada por los cinco grupos que conforman la Cámara por asentimiento y en tiempo récord, apenas tres minutos.
Se ponía así ya en marcha definitivamente el reloj de la investidura, que como curiosidad se celebrará cuatro días después que en el año 2015, un 30 de junio de tórrido calor en el que Ramiro González tomó la makila por primera vez y, también, de las manos de su compañero de partido Pedro Elosegi. Esta vez, eso sí, lo hará con un respaldo bastante mayor de la Cámara, donde el PNV suma 17 junteros y el PSE, 10, uno por encima de esa mayoría absoluta. En total, nueve más que en la anterior legislatura.
Mientras las negociaciones entre jeltzales y socialistas para repartirse las responsabilidades del próximo gobierno foral prosiguen, a día de hoy sólo hay constancia oficial de que a la investidura se presentará un único candidato, el propio Ramiro González. El plazo para que otros puedan postularse se cerrará 72 horas antes del Pleno, el lunes 1 de julio a las 10.00 horas, según confirmaron fuentes de la Cámara foral.
Tal y como marca el reglamento de las Juntas, el o los candidatos que se presenten a la investidura disfrutarán de un tiempo máximo de una hora para explicar su programa ante el Pleno, una intervención a la que todos los grupos junteros podrán responder durante un turno de media hora como máximo. Llegará posteriormente el turno de réplica, que el o los candidatos podrán estirar hasta media hora más, y un turno posterior de nuevo para los grupos de un máximo de diez minutos.
Después será el momento de las votaciones, que servirán para designar al nuevo jefe del ejecutivo foral. Si nadie alcanzase la mayoría absoluta durante la primera votación, un escenario a todas luces improbable, se produciría una segunda, en la que al candidato más votado le valdría la mayoría simple. Fue éste, precisamente, el camino que sirvió para elegir a González aquel 30 de junio de 2015, en una sesión de investidura a la que solamente se presentó un candidato alternativo, el entonces portavoz de Irabazi y ahora integrante del grupo Elkarrekin Araba -antes Podemos-, José Damián García-Moreno, que se votó a sí mismo.
En otro orden de cosas, el Consejo de gobierno foral aprobó en la mañana de ayer el informe de cierre del plan estratégico de legislatura 2015-2019 de la Diputación Foral, una suerte de carpetazo a la legislatura recién concluida que recoge un grado de cumplimiento de las actuaciones programadas por el ejecutivo saliente “del 97%”. En concreto, según especifica este documento, el 88% del total de las actuaciones recogidas en el plan de legislatura están ya finalizadas, el 9% se encuentra en ejecución y el 3% restante está planificado, aunque todavía no ha dado comienzo.
Según explicó el ente foral, este plan se concibe como “la expresión estructurada y ordenada de la acción de gobierno para el período que abarca el conjunto de la legislatura”, y tiene una estructura asentada “en un diagnóstico previo, la definición de prioridades de actuación y su posterior desglose en objetivos estratégicos, líneas estratégicas y actuaciones concretas de ejecución”. La Diputación alavesa ha elaborado este informe final de conformidad con la norma foral 1/2017 de 8 de febrero, de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público y recoge cumplimientos del 100% en numerosas áreas. El ente foral dio por cerrado el informe el pasado mes de mayo.