Vitoria - El 30 de octubre de 2017, los vecinos de los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo de Vitoria tuvieron que abandonar sus viviendas con máxima urgencia ante el riesgo estructural de sus casas. Como consecuencia de ello, seis familias siguen realojadas en la actualidad y otras disponen de ayudas “en base a unas tablas” porque, como denunció ayer la plataforma Santo Domingo bizirik, la rehabilitación de estos dos inmuebles sigue bloqueada ante la “incapacidad económica” de sus propietarios para acometer unas obras, cuya reforma principal asciende a 253.000 euros, a los que hay que sumar los 92.000 euros para subsanar los problemas detectados en la inspección técnica del edificio (ITE). A estos gastos habría que añadir el estudio arqueológico y la fianza para la gestión de las obras. “Hablamos de presupuestos, con lo que es probable que aumente”, destacó el portavoz de esta plataforma y vecino del número 42, Iker Tapia.

Por ello, como añadió, lo que intentan es que desde el Consistorio “este problema no se duerma para ponerlo de nuevo sobre la mesa al nuevo equipo de gobierno. Esperemos que se intente buscar una solución y nos ponemos a disposición de la concejala Ana Oregi para contarle todo de primera mano”, reclaman.

Una de las opciones que les quedan es conseguir de alguna forma las ayudas a la rehabilitación de Ensanche 21, “a las que no nos podemos acoger por no cumplir la ITE”, por lo que, de momento, no pueden tener un tratamiento especial, tal y como esperan para obtener una “respuesta adecuada a este caso y a sus especiales circunstancias”. La otra vía era que el Ayuntamiento se hiciese cargo de las obras mediante una ejecución subsidiaria y que ya descartó el pasado abril el propio alcalde, Gorka Urtaran, cuando trasladó toda la responsabilidad de los trabajos a la figura de los propietarios. “Son las familias las que deben de hacer las obras y no lo puede asumir el Ayuntamiento”, concretó el regidor, tras defender las medidas llevadas a cabo por la institución municipal, en octubre de 2017, cuando se detectaron los problemas y se decretó el desalojo de las familias.

Por esta razón, los afectados tienen la sensación de “volver al punto inicial después de muchos meses de esfuerzo que no han servido para nada” y que el Ayuntamiento no tiene “ningún interés en solucionar este grave problema”. Argumentan que “en todo este tiempo hemos estado realizando todos y cada uno de los pasos indicados por el Consistorio”, como que, después de presentar el proyecto de obra y la ITE, enviaron el estudio arqueológico y una dirección de obra. “Ambas comunidades acatan la orden, no sin gran esfuerzo económico, pero con resultado final nulo” y a sabiendas de que “desde el primer minuto el Ayuntamiento sabía de la incapacidad económica de los propietarios”, censuran.