Vitoria - Armando Aulestiarte Arambarri empezó a trabajar en Río Tinto, una empresa de Vitoria, posteriormente conocida como Vinílica, dedicada a la fabricación de laminados de plástico, “desde tempranillo, como se hacía antes, con 17 años”, hasta que “con la crisis de 2008 nos hicieron un despido pactado”. Con 60 años se fue al paro “con un convenio especial hasta los 63 años hasta que pasamos a estar jubilados”. Tras 32 años cotizados, Aulestiarte quedó satisfecho con su pensión, pero es consciente de que su suerte no ha corrido de igual manera entre el resto de alaveses, así que “por solidaridad” comenzó a luchar por unas pensiones dignas, como defienden desde Arabako Pentsionistak Lanean, de la que es portavoz, junto con Por una Vida Digna-Bizitza Duinaren Alde y la coordinadora Pentsionistak Araba.

Según los datos de febrero del Ministerio de Trabajo, Álava cuenta con 76.972 pensionistas, que cobran de media 1.246 euros. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con esta radiografía?

-Aunque pueda parecer una pensión buena, hay muchos altibajos. Según los datos que tengo de enero de la Comunidad Autónoma Vasca, incluso hay quien recibe 150-200 euros. Los pensionistas que ganan menos de 700 euros al mes son 170.000, que es el 30%. Y los que cobran menos de 1.080 euros, que es lo que estamos reivindicando, son 295.000, que son el 53% de todos los pensionistas. Por eso estamos pidiendo los 1.080 euros, que es el umbral que marca la Carta Social Europea para una pensión digna.

¿El espíritu del movimiento pensionista sigue tan vivo como el primer día o se ha desinflado?

-Sí, sí. Estamos sorprendidos porque hicimos un parón en verano y luego hicimos otro en Navidad. Teníamos cierto miedo de que a la gente luego le costase arrancar, pero en la primera convocatoria que hicimos vino tanta gente como la vez anterior. Este lunes había 700-800 personas en Vitoria. Es un mérito que todos los lunes vengan, independientemente de las otras manifestaciones que hemos hecho.

Hablando de movilizaciones, ¿en qué va a consistir esa gran manifestación para este otoño? ¿Va a traer novedades significativas?

-Queremos que los sindicatos se impliquen a la hora de compartir reivindicaciones, como el salario mínimo de 1.200 euros, que es de ellos, aunque nosotros también lo defendamos y luego, también pretendemos ir de la mano con ellos a la hora de proponer paros parciales, de 2 o 3 horas para asistir a la manifestación, que haríamos posiblemente en noviembre, porque queremos hacer algo bastante potente. Sería en las tres capitales vascas y navarra, pero a la grande, porque queremos que vaya mucha gente. Y aparte, hay otro proyecto, que es el de que los pensionistas de Euskal Herria vayamos a Madrid en octubre para que oigan nuestras peticiones.

¿Esta última movilización la harían frente al Congreso o sería recorriendo las calles de Madrid?

-Sería manifestarnos frente al Congreso, estar con los partidos para visibilizar las reivindicaciones de los pensionistas porque en el resto del Estado está un poco desactivado este asunto. Ha habido ciertas localidades que lo han hecho, pero ahora mismo es Euskadi la que tira del carro de estas reivindicaciones. Y también queremos aprovechar para hacer el 1 de octubre, que está constituido como el día del mayor, una ‘mani’ bastante potente, aunque son proyectos que debemos discutir. Estas nuevas protestas se sumarían a las que hacemos todos los lunes, que mantendremos hasta el 8 de julio y que retomaríamos a mediados de septiembre.

¿Qué le diría a un trabajador para que acuda a las concentraciones?

-Le diría que a la vez que defendemos nuestras reivindicaciones también defendemos las suyas, que es el salario mínimo y la lucha contra la precariedad laboral y que lo que consigamos ahora, se va a beneficiar toda la gente que se incorpore a las jubilaciones. A todos nos atañe eso porque la patronal y lo que las grandes corporaciones quieren es aminorar el sistema público de pensiones y trasladarlo al sistema privado de pensiones. Una de nuestras reivindicaciones es que las Diputaciones dejen de bonificar estos planes de pensiones privados para que no los fomenten.

Uno de vuestros grandes lemas es el de que ‘Gobierne quien gobierne se defienden las pensiones’. A propósito de ello, Pedro Sánchez en un mitin ante unas 1.200 personas en el centro de congresos de Arona sur (Tenerife), se comprometió el pasado 13 de abril a promover, si revalidaba su cargo, una reforma de la Constitución con el objetivo de “blindar el carácter público, la dignidad y la sostenibilidad financiera de las pensiones” en el Estado. ¿Cree que efectivamente este blindaje se hará o se quedará en promesa electoral?

-Estamos todavía en un impasse. No sabemos si va a cumplir o no. La trayectoria del PSOE no sólo hay que verla ahora, sino lo que ha hecho antes. No hay que olvidar que el PSOE fue el que cambió en la Constitución el artículo que ponía el pago de la deuda externa por encima de todas las circunstancias. Incluso congeló las pensiones los dos primeros años. Entonces, nosotros no vamos a aventurar nada. Nosotros lo que pedimos ahora es que se cumplan las promesas que se han hecho, que son subir las pensiones, eliminar el factor de sostenibilidad, suprimir la brecha salarial... Y lo que vamos a hacer es seguir movilizándonos hasta que se cumplan nuestras reivindicaciones.

¿Cuáles cree que han sido los mayores logros desde que esa lucha pensionista salió a la calle?

-Han sido pequeños logros, pero importantes, también. El que nos hayan conseguido equipar el IPC en dos años es importante porque ahí inicias un camino, aunque el año que viene no sé que va a pasar porque el 2020 está todo en el aire. Entonces, lo que nosotros decimos es que el IPC se blinde. Otro ha sido lograr que el salario base llegue a los 900 euros, cuando antes estaba en los 700 euros, y también que el Gobierno aprobara a finales de julio elevar para las viudas la base reguladora para calcular su prestación del 52% al 56% (lo que supone una revalorización de casi el 8%). Aunque las viudas ya tenían ese derecho de aumentar gradualmente al 60% la base reguladora desde 2011, cuando fue aprobada en una ley.

¿Y qué queda pendiente?

-Queda pendiente el factor de sostenibilidad, el blindaje del IPC, los 1.080 euros de mínimo para unas pensiones dignas, los 1.200 euros de salario base, acabar con la brecha salarial...

Respecto a esa brecha, los pensionistas habéis pedido medidas para evitar que ésta diferencia por sexos en el salario sea de un 22,9% en el Estado español y en un 35% en la pensión.

-La brecha salarial de las mujeres no es una casualidad. Es consecuencia de la situación del trabajo que realizan. Por una parte, son empleos precarios, poco remunerados porque normalmente ellas se dedican al cuidado de los mayores, al trabajo del hogar, a la hostelería... Que, normalmente, tienen poca remuneración e incluso se pagan en dinero negro. Y la brecha en las pensiones viene por las no contributivas, ya que antes la costumbre era que las mujeres se quedaran en casa, al cuidado de los hijos, de los mayores... Y todo ese periodo de tiempo no cotizaban, lo que ha redundado en que la cuantía de sus pensiones sea la mínima. El 20% de RGI es de las mujeres que no llegan a los 700 euros. Y ahí más porque mucha gente no se entera de los derechos que tiene. Por esta razón, nosotros estamos dando charlas en centros de mayores.

¿De qué depende ir revirtiendo esta brecha de género?

-Con medidas que vayan poco a poco aminorando la diferencia salarial, como la equiparación de sueldos, promocionar a ellas en puestos de responsabilidad, porque los hombres los acaparan hoy en día y que todos los trabajos que se hagan de cuidados sean cotizados y con una normativa y sueldo acorde porque muchas veces están en la economía sumergida. Ahora, a las viudas les han subido hasta el 60%, pero con condiciones también: no pueden tener ningún otro ingreso, tienen que tener 65 años, etc. Pero pongamos que con un sueldo medio, si se te muere el marido y tienes que cobrar la mitad o un poco más, te encuentras desamparada, ¿no?

El pasado mes de marzo los pensionistas conmemoraron el retiro obrero, un seguro obligatorio de la vejez que permitía cobrar una pensión a los 65 años, origen actual de las pensiones. ¿Hay más trabas ahora para acceder a una prestación tras las reformas laborales de 2012 y 2013?

-El retiro obrero obligatorio fue un hito, porque la gente hasta entonces no cobraba nada. Trabas como tales no ha habido, pero el problema de las pensiones es que si no se blindan y que si sólo tienen que estar financiadas por las cotizaciones, no es posible hoy en día porque los trabajos son precarios y los sueldos son mínimos. Ayer mismo (por este martes) en la tele dijeron que el paro está bajando, pero si hay más puestos de trabajo, lógicamente la Seguridad Social, tendría que ir subiendo, pero no lo hace. ¿Esto que quiere decir? Que los sueldos son bajos y que los empleos son precarios porque sólo el 8% son empleos indefinidos. Hay una contradicción porque nos quieren meter en la cabeza eso de que todo va bien, pero solamente para los empresarios, no para los trabajadores. Por eso defendemos lograr sueldos de 1.200 euros, porque aunque hayamos conseguido un salario mínimo de 900 euros, no llegamos a lo que recomienda la Carta Europea, que defiende unos salarios más altos. Incluso hay gente que está trabajando y cobrando a la vez la RGI, así que figúrate.

Los pensionistas alaveses también habéis demandado una fiscalidad más justa para el “mantenimiento del bienestar” de la ciudadanía” y habéis censurado que en 2018 se redujo el impuesto de Sociedades del 28% al 24% y que la carga recaudatoria la “siga soportando el 90% de las rentas del trabajo”.

-Nosotros siempre hemos dicho que la fiscalidad sea progresiva y que se meta más mano a las empresas porque con su contribución se podrían paliar muchas necesidades. Un ejemplo es el presupuesto de la CAV de 2018 ya que tuvo de ingresos 14.110 millones de euros y de ellos se recaudaron por el IVA y por el IRPF el 76%, pero el de Sociedades no llegó al 8%. Todos los que pagamos somos los de la calle. El año 2017 las empresas tuvieron beneficios de 20.000 millones. Tenían que haber pagado 4.800 millones y pagaron 1.100. Aparte, hay que controlar más el fraude fiscal y evitar tarifas planas en los impuestos de empresas.