VITORIA - La defensora vecinal recomienda al Ayuntamiento de Gasteiz en su último pronunciamiento la “necesaria formación y capacitación” a los agentes que realizan tareas de atención al público en las dependencias de Agirrelanda. La finalidad no es otra que tener en cuenta situaciones particulares en las que la persona infractora, cuyo vehículo sea retirado de la vía pública, no acredite residencia legal en España.

Esta actuación de la oficina de la Síndica llega como consecuencia de la reclamación interpuesta por una estudiante austríaca que vio cómo, en febrero de 2018, un agente de la Policía Local sancionó el incorrecto estacionamiento de su automóvil y la posterior retirada al depósito de Agirrelanda. En una primera reclamación llevada a cabo por la afectada en las dependencias municipales se le indicó la necesidad de “abonar la multa y la tasa de retirada del vehículo como requisito para poder recuperar el vehículo”, relata el documento de la oficina de la defensora al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. En este proceso hubo también una presentación de un escrito de alegaciones que, “a día de hoy, no han sido contestadas”, especifica la recomendación firmada por Leire Zugazua el pasado jueves.

En el justificante entregado a la joven en el momento de retirar el vehículo figura la tasa de 143,71 euros en concepto de retirada del depósito y otra cantidad de 100 como importe de la denuncia. “No consta ni el artículo infringido ni el importe de la sanción, mientras que la infracción descrita es estacionar en carril-bici obstaculizando”, detalla el informe de la Síndica. Lo ajustado a la norma hubiese sido “fijar la cuantía provisional de la multa y exigir su pago en concepto de depósito, y reflejarlo así en el justificante que se entregó a la estudiante extranjera para, posteriormente, trasladar la denuncia al servicio de Recaudación a fin de tramitar el correspondiente procedimiento sancionador”, desgrana el documento de la recomendación.

SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN La sucesión de los hechos lleva a apreciar una serie de “defectos” en la actuación administrativa, entre otros, por prescindir ”total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para imponer una sanción administrativa de carácter pecuniario”, concreta. Aprecia también otra “situación de indefensión” de la denunciada al no poder “aportar los argumentos y pruebas oportunas en su descargo”, reconoce. Todo ello acarrea unos efectos de “dejar sin efecto la actuación administrativa viciada de nulidad y devolver el importe pagado en concepto de multa con la reducción por pronto pago e incoar el oportuno procedimiento sancionador, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción denunciada. En caso de que se estimaran las alegaciones o la infracción hubiera prescrito, el Ayuntamiento de Gasteiz debería reintegrar el importe de la tasa por prestación del servicio de retirada de la grúa.

Concluye en sus últimos párrafos la recomendación considerando como algo “conveniente” proceder a la elaboración de una “plantilla o formulario que recoja todas las opciones expresadas, con el fin de poder entregar la información por escrito a la persona interesada”. Aboga también por “revisar la sanción impuesta” en este caso concreto y se proceda, en su caso, a la “devolución del importe abonado en concepto de tasa por el servicio de grúa” con la base de los argumentos expuestos en la recomendación.

Protocolo de actuación. Una respuesta del área de Seguridad Ciudadana a la Síndica concretó la manera de actuar de los agentes en situaciones con extranjeros sin residencia legal en España. “Los agentes de la Policía Local proceden a informar de la comisión de una infracción de tráfico y de la obligación del pago del importe que la infracción lleva aparejada, con el derecho que le asiste a ver reducida la cuantía en un 50% por abonar la denuncia en plazo”, concretó el escrito remitido a Leire Zugazua.