VITORIA - La situación de la rehabilitación de los inmuebles situados en los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo parece haber entrado en un punto de vía muerta y con pocas opciones para dar pasos en su resolución. Después de desvelar en su edición de ayer DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el coste de 345.000 euros, el alcalde, Gorka Urtaran, trasladó toda la responsabilidad de los trabajos a la figura de los propietarios. “Son las familias las que deben hacer las obras y no lo puede asumir el Ayuntamiento”, concretó el regidor. Defendió las medidas llevadas a cabo por la institución municipal en octubre de 2017 cuando se detectaron los problemas y se decretó el desalojo de las diez familias afectadas. “El Ayuntamiento actuó ante el riesgo de derrumbe. Se ha hecho el proyecto y se sabe el precio”, argumentó Urtaran en su comparecencia de cada viernes.

sin ejecución subsidiaria La representación de los vecinos afectados por el desalojo se puso en contacto con DNA para relatar cómo se ha sucedido los acontecimientos durante estos 17 meses y la “sensación de volver al punto inicial después de muchos meses de esfuerzo que no han servido para nada”.

Desglosaron las actuaciones llevadas a cabo durante este casi año y medio con representantes municipales, los pasos dados y reuniones celebradas entre febrero y noviembre del pasado año. “Hemos hecho todo lo que nos iba pidiendo el Ayuntamiento con vistas de llegar a la situación de ejecución subsidiaria por su parte”, reconocieron ayer por la tarde. Sin embargo, en el último encuentro, del pasado noviembre, mantenido con la máxima responsable de Urbanismo, Itziar Gonzalo, “nos sorprendió con su anuncio de que no se iba a optar por la vía de la ejecución subsidiaria”, expresaron.

Durante este tiempo se han reunido con la práctica totalidad de los partidos políticos municipales, “con la excepción del PSE” para tenerles al corriente del avance de la situación. Concretaron también ese desglose en el presupuesto de 345.000 euros, del que la cantidad de 253.000 corresponden a los gastos que serían los necesarios para terminar con el daño estructural de la medianera “tocada desde hace tiempo y que fue un daño que no provocó el agua en la fuga descubierta en octubre de 2017”. Ante esta situación comparecerán en el turno popular del Pleno del 17 de abril. - J. L. C.