Vitoria. El portavoz de la formación, Oscar Fernández, ha justificado hoy esta medida al considerar que "licitar un nuevo contrato idéntico al que se quiere rescindir, con una cuantía económica superior y con la muy probable opción de que lo gane la misma empresa que presta el servicio en la actualidad no responde al interés público sino a un interés privado de FCC".
El equipo de gobierno acordó a finales de diciembre la resolución de este contrato después del análisis de los técnicos municipales, que determinaron que existía un interés público para ello, tal como dictaminó la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua) tras estudiar la petición de la UTE formada por FCC y GMSM Medioambiental para renunciar a la adjudicación por motivos económicos.
Aunque las empresas habían solicitado que se cancelara el contrato al tener que asumir el coste del absentismo laboral, de más de 1 millón de euros cada año, lo que les dejaba en pérdidas, la única fórmula legal para ello era llegar a un mutuo acuerdo si se demostraba que existía un interés público para que el Ayuntamiento rompiera el contrato.
Tras alcanzar ese acuerdo el alcalde, Gorka Urtaran, anunció que se sacaría una nueva licitación por 4 años, pero desde Irabazi consideran que "el único interés público" sería que Ayuntamiento recuperarse la gestión directa del servicio.
En su recurso, también argumenta que una de las pautas de la resolución "incumple la normativa europea y alavesa en materia de reciclaje de residuos", ya que habla de alcanzar un reciclaje del 50 % en 2030 cuando la Unión Europea decidió en mayo subir ese porcentaje hasta el 60 %.
"No vamos a permitir que se ignoren los objetivos en materia de reciclaje que nos marca la Unión Europea. Es una vergüenza para una 'Green Capital' que tengamos que estar discutiendo en estos términos a las puertas del año 2020 y sabiendo que vamos a incumplir ese objetivo de reciclar el 50 % de nuestros residuos", ha señalado Fernández.
El responsable de Irabazi también ha calificado de "ilegalidad" suprimir este contrato "para licitar otro igual pero con más cuantía económica", puesto que "se resuelve por la puerta de atrás, aludiendo a unos intereses públicos que no existen".