Vitoria. El concejal de Políticas Sociales, Peio López de Munain, ha dado a conocer hoy en comisión municipal este dato ante la pregunta del PP sobre el incremento de estos empadronamientos, que al cierre de 2016 llegaban sólo a 20 personas.
López de Munain ha explicado que en 2017 el número de casos subió a 97, y que a 30 de noviembre de 2018 la cifra era de 119 personas empadronadas en una dirección municipal, "una cifra habitual en las ciudades del entorno de Vitoria", de las que 23 recibieron a lo largo del año ayudas económicas municipales.
Del total de empadronados el 53 % (63 personas) son de nacionalidad española, 10 de países europeos, 21 procedentes del Magreb, 10 del resto de África, 13 de Sudamérica y 2 de Asia.
Al conocer la subida de estos empadronamientos la concejala del PP Ainhoa Domaica ha achacado este incremento a la puesta en marcha en septiembre de 2017 de las nuevas ayudas sociales municipales, y ha criticado que se haya pasado de 20 empadronamientos a 119.
López de Munain ha respondido que estos empadronamientos se realizan en cumplimiento de la ley para que el padrón refleje la población real que reside habitualmente en la ciudad, y ha explicado que se hace con personas que llevan más de 3 meses atendidas por algún recurso social, al tiempo que ha asegurado que el PP "vetó" está práctica en la pasada legislatura.
Domaica, que fue la responsable del área social en ese periodo, ha negado que se diera la orden de no realizar los empadronamientos ficticios y ha vuelto a asegurar que el crecimiento "espectacular" de los mismos es "preocupante" porque "nunca se ha dado antes en Vitoria".
En la misma comisión la concejala del PP ha denunciado que en el primer año de las nuevas ayudas municipales (de septiembre de 2017 a agosto de 2018) se ha pasado de 509 a 749 perceptores, un 47 % más, con un gasto que alcanzó los 3,6 millones, unos 800.000 euros más que las previsiones del equipo de gobierno.
Domaica ha pedido explicaciones a López de Munain sobre este incremento "en un momento de mejoría económica" y ha lamentado que con el requisito de medio año de empadronamiento se cubran aspectos que competen a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que marca 3 años de padrón para ser beneficiario.
El responsable del área social se ha referido a la situación de "pobreza" de muchas familias vitorianas, y en especial al aumento de las problemáticas de vivienda que se han cubierto con adelantos de fianzas, ayudas al alquiler, pago de consumo energético o ayudas para evitar desahucios, que llevaron a los servicios sociales a atender 83 casos de desalojo en 2018 y 49 en 2017.
"Atendemos a muchas familias y respondemos a la situación de necesidad de las mismas", ha asegurado López de Munain antes de recordar que ya no se trata de "apoyos puntuales" sino de problemáticas que requieren "una ayuda constante".