El Gobierno Vasco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la asociación de municipios Eudel sellaron allá por junio de 2013, en plena oleada de ejecuciones hipotecarias, un esperanzador convenio llamado a detectar las posibles situaciones de exclusión social que se derivaran del riesgo de pérdida de la vivienda habitual, entonces tan frecuentes. Se trataba, en otras palabras, de articular una respuesta conjunta para amortiguar estos dramáticos trances, tanto en los supuestos de pisos en propiedad como en los de régimen de alquiler, desde antes de que tuviesen lugar los desahucios.
Más de cinco años después, sin embargo, esta iniciativa llamada a ser desarrollada después en los distintos municipios por medio de protocolos propios permanece en un cajón olvidado y, en la práctica, el trámite habitual se reduce a una comunicación por parte de los tribunales a los ayuntamientos cuando un lanzamiento es inminente y, en definitiva, el daño ya está hecho. Por fortuna, Gasteiz acaba de dar un paso adelante para detectar a tiempo estos supuestos de vulnerabilidad y adoptar medidas paliativas de asistencia social y jurídica a las personas afectadas.
El Ayuntamiento aprobó en el Pleno del pasado noviembre, con el voto favorable de todos los grupos políticos, poner en marcha un protocolo que además de remar en esa dirección protectora de los deudores hipotecarios sin recursos permitirá una mayor “socialización y visibilización” de esta problemática aún sin resolver. Y, a la larga, “reducir notablemente el número de lanzamientos”. Es la esperanza a la que se agarra la asociación contra los abusos bancarios e institucionales (Acabi), que ha sido precisamente la encargada de elaborar esta hoja de ruta que a partir de ahora tratará de extender al mayor número posible de consistorios de la CAV, tras contar en primera instancia con la complicidad del Consistorio vitoriano.
Y, por descontando, hacerlo cumplir en la capital alavesa, tal y como anhelan Yolanda de Pablo, abogada de Acabi, y Fernando Herrero, su presidente, que se han reunido con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. “El problema no es tanto que no se haga nada a partir de ahora, sino que no se ha hecho nada desde 2013”, lamenta Herrero, vecino de Gasteiz que, junto a varias personas más afectadas por “todo tipo de abusos” por parte de la banca decidieron asociarse y constituyeron Acabi en enero de este 2018 ya a punto de concluir. “En medio del proceso” conocieron a De Pablo, que acumulaba una gran experiencia en este campo y se sumó también al colectivo. Un año después de dar esos primeros pasos, sobre la mesa de Acabi se acumula el trabajo.
El protocolo aprobado en Gasteiz tiene como primera medida la necesidad de que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo de colaboración con el juzgado para “obtener un compromiso de comunicación por parte de éste” de los hitos más importantes de un procedimiento de desahucio para la aplicación de una serie de medidas paliativas, en función de la fase en que éste se encuentre, que van de la actuación social al asesoramiento jurídico.
NEGOCIACIÓN Durante el primero de estos hitos, la admisión a trámite de la demanda ejecutiva, el protocolo establece que el Ayuntamiento deberá iniciar un proceso de negociación con la entidad financiera para la aplicación de las medidas previstas en la normativa de deudores hipotecarios sin recursos, con “especial aplicación” de la dación en pago antes de que se señale la convocatoria de la subasta de la vivienda. El segundo momento en que los tribunales deberán contactar con el Consistorio será tras la convocatoria de subasta, cuando entre otras cosas el Ayuntamiento deberá mediar para que la persona afectada sea inscrita en Alokabide de forma inmediata. Tras el tercer hito, el señalamiento del lanzamiento, deberá abrirse la posibilidad de la adjudicación directa de una vivienda social a la familia afectada y el Ayuntamiento deberá negociar con la entidad financiera para aplicar la normativa antes citada. En definitiva, según De Pablo, se trata de que “las instituciones tengan una función reequilibradora con la parte más débil”, la familia en situación de vulnerabilidad ante el riesgo de ser desahuciada. Tras las Navidades, Acabi iniciará un proceso de seguimiento de la aplicación del protocolo dirigiéndose al equipo de gobierno (PNV-PSE). El colectivo anima a cualquier persona que lo necesite a contactarle en el 610 057 738.
Junto a esta línea de acción a nivel local, Acabi trabajará a nivel autonómico para que el Gobierno Vasco ponga en marcha un servicio público de asistencia jurídica a personas en riesgo de perder su vivienda habitual, a semejanza de una experiencia similar puesta en marcha desde 2015 por la Diputación de Gipuzkoa, y que hasta la fecha ha intervenido en cerca de 80 casos. Un recurso que debería ser “interdisciplinar”, según manifestó De Pablo, e integrar a juristas, economistas e incluso psicólogos.
