vitoria - La Hacienda foral alavesa ha abierto 43 expedientes fruto del convenio articulado con una veintena larga de ayuntamientos del territorio histórico para inspeccionar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Así lo dio a conocer ayer en la comisión del ramo celebrada en las Juntas Generales de Álava el diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano.
En concreto, el servicio de Inspección de la Diputación Foral de Álava, informó el responsable de Hacienda, ha realizado 857 comprobaciones de autoliquidaciones del ICIO, que han derivado en 21 expedientes abiertos. Con respecto al IAE, se han abierto 22 expedientes para comprobar la base imponible declarada por distintas empresas alavesas.
En total, recordó Cimiano, ha sido 26 los ayuntamientos alaveses que han firmado este convenio con la Diputación Foral de Álava para pedir colaboración en las labores de Inspección.
estafa a la diputación En otro orden de cosas, la diputada de Administración foral, Cristina González, aseguró también ayer que los hackers que estafaron 114.870 euros a la institución foral en junio mediante phishing -suplantación de identidad- no accedieron a ningún dato de la Diputación, que finalmente consiguió recuperar el dinero.
González dio esta explicación en la misma comisión, en la que Podemos criticó el “fallo” que llevó a dar por bueno el e-mail de una empresa proveedora del centro de cálculo, organismo dependiente de la Diputación, con el que los hackers lograron cambiar el número de cuenta en el que se debían ingresar tres facturas.
La diputada reconoció que el 8 de junio recibieron el correo electrónico en el que se solicitaba el cambio de cuenta, por lo que el pago se hizo a finales de mes a la indicada por los hackers, aunque la propia empresa comunicó a la institución días después el problema tras ver que no recibía las cantidades facturadas. Ello permitió descubrir que habían sido víctimas de un ciberataque en el que se habían suplantado los correos electrónicos de sus directivos con el fin de remitir a los clientes este nuevo número de cuenta y desviar al mismo los pagos que se iban a recibir próximamente.
Con esta información, la Diputación solicitó el bloqueo del abono y el dinero fue recuperado el 18 de julio, es decir, siete días después de tener conocimiento de lo ocurrido, según destacó González. - Efe
