Vitoria. El principal acusado, dueño de un club de alterne de Vitoria, se enfrenta a una petición de 56 años y 3 meses de prisión por cinco delitos de trata de seres humanos -uno por cada mujer que había en su local en el momento de la intervención policial-, cinco de determinación a la prostitución, uno de estafa continuada por cargar a las tarjetas de los clientes servicios no prestados, uno de tenencia ilícita de armas y otro contra la salud pública por traficar con cocaína.
Las investigaciones en torno a esta caso se remontan a finales de 2013, cuando una mujer búlgara que residía en Miranda de Ebro denunció que la habían engañado con una oferta falsa de trabajo y la obligaban a prostituirse, según informó en su momento la Guardia Civil.
Ahora la Fiscalía precisa en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, que uno de los acusados abusó de la situación de necesidad de esta mujer, que se había quedado sin trabajo (cuidaba a una persona con alzheimer) y tenía que enviar dinero a Bulgaria para mantener a su hija, su madre y su hermana enferma de cáncer.
Así, la "captó y acogió con la finalidad de su explotación sexual, determinándola a ejercer la prostitución en beneficio y lucro propio". Este hombre, también de nacionalidad búlgara, la hacía trabajar todos los días, salvo cuando tuviera la regla, en jornadas de hasta quince horas diarias, imponía las tarifas y se quedaba aproximadamente con el 40 % de los ingresos.
La denuncia contra él, para quien la Fiscalía pide 9 años por trata y determinación a la prostitución y una multa de 5.400 euros, permitió extender las investigaciones al dueño de un local de alterne de Vitoria que obligaba a mujeres extranjeras -algunas en situación irregular- o de origen extranjero a prostituirse "en beneficio y lucro propio" valiéndose de "su situación de necesidad y vulnerabilidad".
Este hombre fijaba las tarifas y horarios de trabajo, establecía cuadrantes de turnos, controlaba las entradas y salidas de clientes y se quedaba con parte de las ganancias. Se valía para ello de una "mami" que en el momento en que los agentes policiales entraron al club controlaba a cinco mujeres, aunque según el fiscal en "los días de más concurrencia podían trabajar entre 16 y 20".
El dueño de este club, que en su domicilio tenía un pistola "en condiciones aptas para disparar" sin el necesario permiso para ello, también está acusado de un delito continuado de estafa porque cuando los clientes pagaban con tarjeta les pasaba "cargos excesivos por servicios que no habían sido realizados".
Asimismo se le achaca un delito contra la salud pública, ya que fue interceptado en un control de la Guardia Civil en Briviesca (Burgos) con cocaína valorada en 17.649 euros para venderla en los clubes de su propiedad entre otros lugares.
La Guardia Civil acusa también de sendos delitos contra la salud pública al hombre que acompañaba al dueño del club en el momento de su detención y a un cuarto procesado, propietario de un club de alterne en Miranda, que también compraba droga para venderla después en su local.
El Ministerio Público pide 5 años y 1 mes de cárcel y una muta de 18.744 euros para uno de ellos, y 7 años y 6 meses y una multa de 93.306 euros para el otro, por sendos delitos contra la salud pública.
El juicio por estos hechos se celebrará la semana que viene en la Audiencia Provincial de Álava.
