Entre las medidas reclamadas para reforzar la independencia judicial, las asociaciones de jueces y fiscales incluyen la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos, así como “la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada”. También se exige un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referente al CGPJ, “que recupere el régimen competencial de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad”.

Para dotar a la Administración de justicia de calidad y eficacia se reclama “un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destinado -entre otros aspectos- a incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolas a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales y fiscales; un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado; procurar los medios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (víctimas, equipos psicosociales...)”.

Se pide también la implantación de los tribunales de instancia y se dice que “mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender el incremento de litigiosidad”, que se sitúa en 126 asuntos por cada mil habitantes.

Se exige la revisión del modelo de oficina judicial “atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones”, así como la compatibilidad de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el Estado. Otra reclamación es la dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción.

En el ámbito de las condiciones profesionales, jueces y fiscales piden la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función; el impulso inmediato de la modificación de la LOPJ sobre permisos y medidas de conciliación; recuperar el régimen de vacaciones y permisos suprimido y reducido por Ley Orgánica 8/2012, así como el permiso de paternidad; implantación urgente de una cargas máximas de trabajo “con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales”. También se exige garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial, con igualdad de los derechos respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.

En el capítulo de las reclamaciones propias del Ministerio Fiscal, el documento de las asociaciones judiciales plantea la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción, mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal, y la autonomía presupuestaria de la Fiscalía.