Vitoria. Mikel Casado y Amagoia Murua, portavoces de este colectivo, han criticado en una rueda de prensa la decisión del TC, que ha derogado un artículo de la ley vasca al considerar que "desborda" las competencias de las comunidades autónomas para establecer "normas adicionales de protección" del medio ambiente.
El tribunal también ha anulado un apartado del artículo 2, puesto que considera que "interpretado en combinación con otros preceptos no impugnados, podría llevar a la Comunidad Autónoma a vulnerar el principio de territorialidad".
"Esto deja un camino mucho más fácil para quienes pretenden hacer fracking y destrozar nuestro entorno", ha asegurado Murua, quien ha recordado que la protección medioambiental "es una competencia de la Comunidad Autónoma Vasca" y no prohíbe esta técnica de extracción, "sino que la regula de forma precisa" como medida adicional de protección medioambiental.
En ese sentido la activista ha citado los votos particulares de tres magistrados del TC "que discrepan de la sentencia" por este argumento.
A juicio de su compañero, los cambios introducidos en la normativa (que se aprobó en el Parlamento Vasco tras partir de una Iniciativa Legislativa Popular que recogió 103.589 firmas) abre la puerta a que el Gobierno Vasco y la empresa pública Shesa reactiven sus licencias de exploración del subsuelo con fracking.
"Hay que saber si hay alguien realmente interesado en usar fraking en Euskadi. Con los permisos actuales es evidente que no hay ninguna empresa privada que lo esté barajando, así que los únicos interesados pueden ser Shesa o el Gobierno Vasco, que son los que mantienen los permisos", ha alertado Casado, quien ha abogado por que estas entidades rechacen la fractura hidráulica.
El activista ha pedido a ambos que se posicionen sobre este asunto en las comparecencias que tendrán el próximo día 21 en el Parlamento Vasco el director del Ente Vasco de la Energía (EVE), Íñigo Ansola, y el director técnico de Shesa, Luis Muñoz.
