Vitoria - A finales del pasado julio, el Gobierno central anunció el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Una confirmación que daba lugar al fin de la lucha ciudadana contra la instalación y marcaba el inicio de un largo, caro y tedioso proceso de desmantelamiento, limpieza y recuperación económica del entorno afectado. Cinco meses después de aquél celebrado aviso, el balance de lo avanzado es nulo. Los expertos advierten de que el camino hasta lograr que las edificaciones del Valle de Tobalina desaparezcan de la vista será extenso, habrá de superar trámites farragosos y que se prolongará por un periodo aproximado de 15 años. Mientras tanto, las administraciones traducen a euros lo que supondrán los derribos, la gestión del combustible nuclear gastado y el almacenamiento de los desechos radioactivos de alta actividad. El presupuesto que maneja la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A., Enresa, marea. La compañía, encargada en exclusiva de desarmar Garoña -con experiencia en el desmontaje de Zorita-, y de ocuparse del material nuclear, fija el horizonte final de los trabajos para dentro de 70 años y calcula una factura superior a los 600 millones de euros. La elección de la energía nuclear por criterios de rentabilidad económica, a la larga, saldrá cara.

La hoja de ruta, como ya se avanzó en su día, arrancó con la declaración de cese definitivo de la actividad por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN. No obstante, según explica el coportavoz de Equo y actual diputado por Álava de Unidos Podemos, el ecologista Juan López de Uralde, el proceso se halla actualmente congelado en ese punto. “Hablamos de un procedimiento largo y delicado. Enresa tiene que presentar el proyecto de desmantelamiento, que posteriormente debe pasar por el pleno del CSN para recibir su aprobación. Ahora mismo está preparando la propuesta y necesitará de tiempo para presentarla adecuadamente, por lo que de momento sólo se mantiene la seguridad en las instalaciones”, amplía.

Ni siquiera el presidente del CSN, Fernando Martí, quien recientemente compareció ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, aportó datos concretos sobre el desmontaje de la planta. Eso sí, tras un enfrentamiento verbal con López de Uralde, quien le reprochó el cese de la inspectora residente de la central por denunciar los fallos que iba detectando, Martí negó tajantemente que el CSN haya actuado al dictado del Gobierno central. Aseguró que no hubo injerencia política alguna en la clausura de la central y que él mismo “no lo hubiera consentido”.

Frente a las reticencias del diputado de Unidos Podemos, quien considera que el CSN ha estado trabajando dirigido desde el Ejecutivo, Martí defendió el trabajo de los técnicos del organismo que, precisó, “han hecho que han tenido que hacer” y negó haber realizado gestiones por orden del gobierno. “Es mentira. Jamás me han dado una instrucción sobre nada, ni yo lo toleraría. No me iría a dormir tranquilo”, afirmó.

¿traslado de residuos? Antes incluso de que los trabajos hayan alcanzado la fase de predesmantelamiento, la polémica ya ha saltado tras la denuncia de un presunto envío de residuos nucleares desde Garoña al almacén de El Cabril, en Córdoba. El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado que solicitará a la Unión Europea que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares. “Andalucía no puede convertirse en el vertedero nuclear de la Península Ibérica”, señaló Maíllo, quien además acusó al Gobierno central de “oscurantismo y opacidad” al no facilitar información. “Es necesario hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”, lamentó entonces. “Se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de Garoña”, una decisión que, advirtió, “trasciende el cumplimiento de directivas europeas”.

También López de Uralde quiere aclarar si se han empezado a remitir elementos radioactivos desde Burgos a El Cabril, para lo que dirigirá una pregunta al Gobierno. “No tenemos confirmación de que se estén produciendo, aunque ello no quiere decir que no se hayan llevado a cabo. Precisamente el tema de El Cabril lo destapamos a raíz del informe del CSN del año 2016, a través del cual se informaba del envío de residuos de uranio desde Juzbado, en Salamanca. Preguntamos al gobierno y acabó haciéndose público que El Cabril estaba recibiendo residuos que no tenía porqué almacenar, ya que en el caso de Juzbado se trata de elementos de baja intensidad pero con una larga vida radioactiva”.